El tema de hoy: Alistándose para la audiencia

El Ministerio de Justicia dio a conocer los nombres de los agentes que representarán al Estado peruano en la audiencia convocada por la Corte-IDH, para el 2 de febrero, en la que se verá el caso del indulto a Alberto Fujimori. Se trata de los abogados Adrián Simons Pino y Jorge Villegas Ratti. Esta vez, como ha pasado en casos anteriores, el Ejecutivo prefirió elegir a juristas y no procuradores públicos para encargarse de la defensa del Perú ante el tribunal internacional.

Hay que decir que la decisión del Minjus no es irregular. El artículo 27 del DS 017-2008-JUS lo faculta a acreditar agentes que no necesariamente sean funcionarios públicos. La cuestión es que, de acuerdo con nuestras fuentes, el Consejo de Defensa Jurídica había propuesto a cuatro personas como integrantes del equipo legal. Pero el último viernes, tras enterarse de su designación, una procuradora renunció por estar en contra del indulto. Este imprevisto había sido la razón por la que el Ejecutivo se retrasó en anunciar a sus representantes.

Pero vayamos a los argumentos de las partes. Desde el gobierno ya han adelantado que su línea de trabajo será argumentar que la excarcelación a Fujimori es legal porque la Constitución faculta al jefe de Estado a liberar a reos por razones humanitarias, que es la figura que aplicó Kuczynski para beneficiar al líder histórico del fujimorismo. Incluso, la premier Mercedes Aráoz dijo que el Perú hará prevalecer sus reglas internas.

Del otro lado, los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta aseguran que el indulto otorgado es político y no humanitario. Para demostrar esto, su defensa presentará como pruebas la frustrada vacancia a PPK, que se logró con la abstención de diez legisladores fujimoristas; los informes médicos que, según esta parte, no registran alguna enfermedad terminal del ex gobernante; y que con la liberación de Fujimori, el Estado peruano no estaría acatando las sentencias de la Corte, que lo obligan a sancionar a los responsables de los crímenes.

Cada parte tiene definida su postura. Ahora está en manos de la Corte-IDH dar la razón a una de ellas sobre un tema sobre el que nunca antes se había pronunciado. La resolución será histórica para el Perú y la región. Y debe acatarse.