El tema de hoy: Cuestión de criterio

Conforme avanza el caso Lava Jato, fiscales y jueces siguen solicitando y dictando medidas restrictivas de la libertad para garantizar el proceso. Eso está bien si queremos llegar a condenas efectivas y rápidas. No hacerlo a tiempo tiene costos. Un ejemplo de ello son Alejandro Toledo y Gustavo Salazar, para hablar solo de dos casos recientes, quienes huyeron del país.

Sobre lo que queremos llamar la atención es el criterio de las autoridades jurisdiccionales para aplicar estas medidas. Según un informe que publicamos en este diario, el 10 de diciembre, las leyes permiten a los magistrados siete opciones para garantizar la correcta marcha de una investigación. Estas son grillete electrónico, caución, arresto domiciliario, impedimento de salida del país, comparecencia simple y restrictiva y prisión preventiva (PP). Es decir, la PP es la última y más radical. La regla es que los investigados sigan sus procesos en libertad, pero con ciertas garantías de arraigo. Creer que ello es sinónimo de impunidad no es del todo cierto.

Recordemos el juicio a Kouri por el caso Convial. Libre, acudió a la lectura de sentencia y quedó tras las rejas. No hubo ni fuga ni impunidad.Además de los clásicos tres elementos para justificar una PP, los fiscales y jueces han recurrido incluso a la figura del “casi listo para acusación”, como lo graficó el ex procurador César Azabache. Eso se alegó, por ejemplo, en la PP dictada contra Humala y su esposa. Pues bien, han transcurrido ocho meses y la acusación, que supuestamente se haría en diciembre de 2017, sigue esperando.

Anteriormente, para los ex socios de Odebrecht se pidió y dictó prisión preventiva. Luego se les revocó a dos y se les denegó a los ex directivos de GyM alegando de manera absurda e inequitativa un error de forma.
Recientemente, la Fiscalía se olvidó ya de la PP y solicitó impedimento de salida del país para Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño, quienes han sido señalados por Barata como receptores de aportes de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori, aunque ellos lo han negado.

Lo mismo ocurrió con Villarán, acusada de recibir millones de dólares de los brasileños para su campaña. No pedimos que vayan presos, pero con qué criterio a unos sí y a otros no si se trata del mismo dinero negro y de la misma empresa corruptora.Esperemos que el criterio para dictar una u otra medida no tenga que ver con el ánimo del magistrado, con su afinidad o enemistad con los procesados o con sus ansias de ‘figuretear’.