Con diálogo y sin violencia

Con la confirmación de la licencia a Tía María, anunciada ayer por el Consejo de Minería, ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, se abre un nuevo capítulo en la disputa sobre el proyecto minero de la Southern Peru Copper Corporation en el valle de Tambo, Arequipa.

El del Gobierno Regional arequipeño fue, precisamente, uno de los tres recursos de revisión desestimados, pero su autoridad máxima, Elmer Cáceres Llica, ya adelantó que no acepta la resolución y buscará revertir la medida en el Poder Judicial, aunque en la misma frase igual puso en duda su autonomía, acusando de paso al gobierno de “dictaminar a su antojo lo que quiere… ahora que ya no tenemos Poder Legislativo”.

Es decir, por mucho que haya estado tramitando una vía legal para detener el proyecto minero, como correspondería a un funcionario de su rango, es más una mera pantomima política, ya que en sus planes solo figura aceptar una respuesta positiva a su demanda, poniendo en evidencia que la legalidad de sus acciones es lo que menos le preocupa (y hasta donde se sabe, no hay registro alguno de que la mayoría fujimorista del disuelto Congreso, por el que ahora Cáceres parece sentir nostalgia, haya respaldado su oposición a la mina).

Después de conocerse el fallo, la empresa ha insistido en que no pondrá en marcha la obra sin un clima social favorable en la zona, por lo que llamó una vez más al diálogo a autoridades y dirigentes locales, regionales y nacionales, para ir solucionando dudas y cuestionamientos en contra de una inversión millonaria que solo puede traer progreso a sus pobladores. El primer ministro, Vicente Zeballos, por su parte, ha declarado asimismo que “no va a imponer el proyecto si no existen condiciones ambientales y sociales para su desarrollo”.

La vía del diálogo y la negociación, a la que pertinazmente se rehúsan los líderes de la protesta, es la única manera de encontrar soluciones a un conflicto que hasta ayer llevaba 109 días de paro indefinido, y que únicamente está perjudicando a los pobladores de Islay –y a la región en general, ya que su máxima autoridad prácticamente ha abandonado las tareas y obligaciones inherentes al cargo– ante una oportunidad inigualable para que mejoren drásticamente sus condiciones de vida.