Toma mientras

Se añade un nuevo episodio a la serie ‘Fujimori’. El titular del Juzgado de Ica, Vicente Fernández Tapia, declaró improcedente la resolución de la sentencia del Tribunal Constitucional, que le había remitido su decisión de restablecer el indulto al expresidente.

Es decir: a lavada de manos del TC, lavada de manos de los representantes del Poder Judicial. Diríase que, irrumpiendo por la ventana, vuelve la pelota entonces al escritorio de los tribunos de la calle Áncash, en el viejo casco histórico de Lima.

En su respuesta, el letrado Fernández explica que “por mandato legal corresponde al Tribunal Constitucional, más no así al Juzgado donde se originó la demanda de habeas corpus, según corresponde, emitir pronunciamiento sobre la ejecución de la sentencia estimatoria … concretamente, la libertad del favorecido Alberto Fujimori”.

Y en otro acápite, tomando distancia de los jurisperitos del TC, el juez hace notar que existe un “escenario jurídico sobreviniente”, en referencia a la resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar el indulto.

Puede que en términos jurídicos la respuesta sea incuestionable, pero lo cierto es que se alarga así un proceso que parece no tener fin.

Como se recordará, el Tribunal Constitucional declaró el año pasado fundado el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente, restituyendo el indulto revocado por el Poder Judicial en el año 2018. La liberación de Fujimori no se ejecutó por una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero hace dos días el TC declaró fundado el habeas corpus con que sus abogados respondieron a ese fallo.

Fujimori, encarcelado en el penal de Barbadillo, fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta. De ahí la intervención de la CIDH, que ayer envió, asimismo, lo que fue entendido como un recordatorio de su fallo inicial.

Sin embargo, entre tantas idas y venidas judiciales, la liberación o permanencia en la cárcel de tan señalado reo se va tornando en un entuerto de significativo cariz político, sí, pero también familiar y humano. Resuelvan lo que resuelvan, ilustres jurisconsultos, que sea todo de acuerdo a ley y que no cause perjuicios al Perú. Por favor, dejen ya de hacerla larga.