Mientras la opinión pública estaba distraída con las exequias fúnebres del expresidente Fujimori, el (Des)gobierno de Boluarte decidió “tirarle” a Petroperú un nuevo salvavidas económico: U$750 millones en capitalización de deuda, es decir, de regalo; un nuevo préstamo por U$1,000 millones; y asumir las obligaciones generadas por un préstamo de capital de trabajo hasta por U$800 millones. En buena cuenta, un paquete de salvataje de más de U$2,000 millones.
En los últimos siete años, el Estado peruano ya ha ayudado a Petroperú con U$5,800 millones, entre capitalizaciones, avales de deuda y líneas de crédito con el Banco de la Nación, lo cual es un privilegio negado a cualquier otra persona en todo el Perú.
Es vergonzoso que, en un país donde la mitad de los niños de tres años viven con anemia, la mitad de los niños menores de 10 años viven con desnutrición crónica, la mitad de las postas médicas no tienen doctores o más de la mitad de los colegios públicos carecen de agua y desagüe, el Gobierno —en vez de atender esos asuntos— decida insertar miles de millones en una empresa quebrada.
Los peruanos más pobres y postergados no tienen la capacidad de “lobby” del Sindicato de Trabajadores de Petroperú, ni cuentan con el apoyo de una serie de congresistas mercantilistas, prestos a doblar el brazo de un Ejecutivo débil e irresoluto para que dilapide más recursos en la causa perdida de una empresa quebrada.
Una señora en Masocruz (Puno), a la que se le pide que consiga el dinero para pagar la gasolina de la ambulancia, a fin de que su hija pueda ser operada de peritonitis en Ilave, o unas madres que no pueden atender a sus hijos porque las historias clínicas no están colgadas en línea y se han perdido las historias en físico, no pueden hacer el “lobby” que la corporación petrolera sí hace, ni cuentan con el aval de congresistas frívolos e indolentes ante el dolor de los peruanos más necesitados.
Como ya argumentamos en un artículo previo, con U$600 millones de los U$750 millones que hoy le han regalado a Petroperú se puede llevar un gasoducto de 12 pulgadas de diámetro a Quillabamba, Calca, Urubamba, Urcos, Sicuani, Espinar, Juliaca, Puno e Ilave, y con los U$150 millones restantes se puede llevar un ducto a Andahuaylas, donde se podría poner una siderúrgica para convertir el hierro que abunda (basta ver en Google Earth las operaciones de los informales que extraen el hierro y lo bajan a Marcona).
Con una fuente abundante de energía, como es el gas de Camisea, se podría agregar el valor en Andahuaylas y no en la Costa del Perú. Lo mismo con el cobre, con el acceso al gas, se podría fundir en la cabecera del corredor minero y no transportar concentrado que solo tiene 30% de cobre y el resto es tierra sin valor.
La industrialización comienza por generar el valor agregado en el lugar de origen. Claro que, ante esta posibilidad de prosperidad, no faltarán las ONG y politicastros que medren de la pobreza y se opongan virulentamente.
