Tremenda corte, tremendo juez

Walter Ríos Montalvo, el otrora presidente de la Corte Superior del Callao, el “hermanito” del suspendido magistrado César Hinostroza, el juez de los “verdecitos”, dirigió –amparado en la legalidad y mal habida impunidad que le dio el cargo– a una camarilla de delincuentes que hizo de las suyas en el primer puerto. La divulgación de los llamados CNM-audios permitió establecer la existencia de su red de corrupción, pero la posterior declaratoria en emergencia del distrito judicial del Callao ha abierto las puertas para su progresivo desmontaje.

Veinte días han transcurrido de dicho trámite y la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, Flor Guerrero, ya empieza a dar información preliminar sobre el descalabro administrativo, funcional y presupuestal en que sumió Ríos a la judicatura chalaca.

Desaparición de documentación contable de los gastos realizados por su despacho, de expedientes que sustentan el nombramiento de jueces, del registro de las visitas que recibió para negociar ascensos a cambio de favores sexuales y traficar resoluciones que calzaban como anillo al dedo de sus “generosos” benefactores son los primeros hallazgos de una investigación compleja que se realiza de la mano con la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y la Contraloría General, y que promete todavía más sorpresas.

En respuesta, Guerrero ha jaqueado a la organización delictiva que montó Ríos al interior de la Corte disponiendo la remoción de 18 jueces, la rescisión de contratos de su personal de confianza y dando por concluida la designación de los jueces supernumerarios que él nombró. Pero falta más.

Ríos purga ahora 36 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón y los tentáculos de su red están golpeados pero no extintos y frente a eso hay que estar alertas. Mientras tanto, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sigue aferrado al cargo e impulsa una investigación, pero no sobre la corrupción en su sector, con la que a él mismo se le vincula, sino sobre la “irregular divulgación” de los audios que permitieron descubrir todo este desmadre. El mismo Chávarry que el 83% de la población considera que debería renunciar –de acuerdo con la última encuesta de Pulso Perú-Datum publicada por Perú21–, pero que no está dispuesto a dar un paso al costado porque, según dice, su preocupación es el “prestigio” del Ministerio Público… minándolo desde adentro.