Estamos viviendo en el reino de la informalidad y la promoción de economías ilegales, que hoy están enseñoreadas y por eso hasta manejan la agenda política del país; esto se evidencia con las facilidades que se les da con el paquete legislativo que aprueba el Congreso para favorecer los negocios turbios de estas organizaciones nada santas.
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Si no vean que la mayoría de los congresistas se dedican a favorecer la minería ilegal. Inclusive el actual presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, ha dedicado su vida parlamentaria a promover estas leyes, representando a Madre Dios, donde coincidentemente se tiene la mayor desgracia de la contaminación y la proliferación de la minería ilegal, como es el desastre de La Pampa.
No conformes con ello, han estado legislando para potenciar a las organizaciones criminales, debilitando el sistema de justicia y desactivando las áreas especializadas de la Policía como la Diviac, que justamente se encargaban de perseguir a la criminalidad organizada. Hoy el Congreso le ha quitado a la Fiscalía la capacidad de persecución del delito, con leyes que limitan los allanamientos y hasta la extinción de dominio que garantizaban arrinconar a las mafias y la delincuencia.
Quién dudaría que no hay intereses subrepticios en los congresistas, que le dedican tanto esfuerzo a aprobar estas aberraciones legislativas. Súmenle no más las otras leyes para favorecer la informalidad: las universidades bamba que no pasaron el proceso de licenciamiento y la promoción de la informalidad en el transporte público, que cada día cobra más víctimas con el incremento de los accidentes de tránsito.
Por eso se entiende que los congresistas se sienten con licencia para seguir con este desmadre y destrucción de la institucionalidad del país. Y por eso siguen las andanzas, que incluyen nuevos casos de ‘mochasueldos’, ahora con la camarada “revolucionaria” María Agüero, que se encargaba de conminar a sus trabajadores a entregarle el 10% de sus haberes, incluido los famosos “bonos” que en el Congreso se reparten a diestra y siniestra.
No legislan para el país sino para beneficio personal o de grupo, por eso atropellan hasta la Constitución para salirse con la suya, basta ver todos los legicidios e infracciones constitucionales, para arremeter con la JNJ, la Sunedu y hasta inventar “la pensión” para un expresidente sentenciado por corrupción y crímenes.
