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EL DERECHO AL REVÉS

Un drama en tres tragedias | César Luna Victoria | Petroperú

"El mundo sustituirá la quema de petróleo para producir energía, porque contamina muchísimo y acelera el calentamiento global. La moda son las energías renovables y limpias”.

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(Foto: Midjourney / Perú21)
(Foto: Midjourney / Perú21)
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Primera: Petroperú tiene una deuda inmensa y no puede pagarla, o sea, está en quiebra. En el proceso de quiebra se pone en fila a los acreedores, por rango. Primero los trabajadores, luego los acreedores con garantías, luego la Sunat y al final los demás. ¿Para qué la fila? Porque, como se debe más de lo que se tiene, se paga en orden hasta donde alcance. Los que están al final de la cola pierden porque no cobran. Esos acreedores demoran la quiebra con la esperanza de que ocurra un milagro o, cuando menos, para demorar el reconocimiento de su propia pérdida. En nuestro caso, el Estado ha prestado a Petroperú un mundo de plata, está al final de la cola y será el gran perdedor de la quiebra de Petroperú. No obstante, apuesta a una reestructuración financiera que resucite a la empresa. Para mantenerla artificialmente en vida, le presta más dinero, sabiendo que la pérdida será mayor si el milagro no ocurre.  

Segunda: Petroperú hace de todo: explota petróleo y lo transporta, lo importa también, lo refina para obtener gasolina y la comercializa al por mayor. Sin embargo, en esas operaciones genera pérdidas. Por tanto, no solo debe reestructurar su deuda, sino que deberá hacer rentables operaciones que hoy no lo son. Lo peor es que estamos haciendo un esfuerzo enorme para reflotar una operación que cada día valdrá menos. Mire usted, el mundo sustituirá la quema de petróleo para producir energía, porque contamina muchísimo y acelera el calentamiento global. La moda son las energías renovables y limpias. Conforme se llega al día en que será prohibido, los activos petroleros van perdiendo valor. A contracorriente, Humala apostó políticamente por una refinería de petróleo en Talara, y Petroperú se endeudó para construirla. Como no tenía capital ni generaba utilidades, tuvo que pedir nuevos préstamos para pagar los vencimientos, y así, como bola de nieve, la deuda fue creciendo. Al final, los retrasos de siempre y las adendas de costumbre han demorado cuatro años el inicio total de operaciones. Menos ingresos, más deuda.  

Tercera: La refinería de Talara es de 1917, lo de ahora es una modernización y una ampliación. La construyó la International Petroleum Company (IPC) cuando tenía un litigio con el Gobierno por impuestos sobre el área de los yacimientos. La IPC planteaba que no debía pagar porque el área fue comprada “libre de impuestos”, conforme a una ley para amortizar la deuda de la Independencia. En 1921 se autoriza un arbitraje en París para resolver la controversia. 

Mientras tanto, el Perú y Gran Bretaña (por la IPC) llegan a un acuerdo: el impuesto no se cobra hasta 1915, pero se aplica en adelante. El tribunal arbitral formaliza el acuerdo en el Laudo de París, cuya nulidad fue reclamada por la oposición, porque la ley solo autorizaba el arbitraje de la controversia, no su negociación. 

Tal fue el impacto que en la Constitución de 1933 se estableció que, en toda concesión a extranjeros, estos debían someterse a las leyes y tribunales de la República y renunciar a toda reclamación diplomática. Así llegamos a 1968 con Belaunde, cuando la IPC “devuelve” los yacimientos petroleros (La Brea y Pariñas), pero retiene la refinería y los canales de comercialización. 

El contrato tuvo 10 páginas. En la página 11, el presidente del Petroperú de entonces había fijado los precios de refinación, vitales para evitar abusos de la IPC. Esa página se “perdió” y fue la anécdota del golpe militar. A la semana, Velasco expropia la refinería y embarga la indemnización por nuevas deudas tributarias. 

En 1974, para financiar el oleoducto del norte, Petroperú toma créditos de entidades japonesas y pacta arbitrajes internacionales en Londres y Nueva York, despertando el fantasma del Laudo de París y violando, cuando menos en la letra, la Constitución de 1933. 

Ese mismo año, el Gobierno paga la indemnización por la expropiación de la refinería en el Convenio Greene - De La Flor. El convenio era una indemnización en paquete por las expropiaciones del Gobierno militar contra empresas americanas. Para el Perú, la IPC no estaba en la lista de las empresas indemnizadas; para Estados Unidos, sí. Como ve, la historia de la refinería es negra y viene desde muy lejos en el tiempo. ¿Cuándo aprenderemos?