Parece que al Gobierno peruano no le es suficiente con la altísima desaprobación del mandato de la presidenta Dina Boluarte, que llega al 92% según la última encuesta de Datum. Ahora se esfuerza por alcanzar el 100% de desaprobación al tomar cuestionables medidas en el marco de la reunión de APEC, cuya sede es nuestra capital. Claramente, intentan esconder bajo la alfombra el rechazo que la presidenta y su Gobierno generan. Pero ya que no han sido suficientes las normativas aprobadas que tienen por objetivo criminalizar la protesta; ahora han decidido emitir un decreto para enviar a teletrabajar y a la educación virtual a un porcentaje importante de la población.
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El Gobierno tiene miedo de “quedar mal” si es que se producen manifestaciones ciudadanas, como paros o protestas, muchas de ellas motivadas por la inacción y apatía del Gobierno frente a las elevadísimas tasas de violencia y criminalidad. Otro de los motivos para promover estas medidas debe ser la vergüenza que tendrían que enfrentar al someter al horroroso tráfico de Lima a los presidentes de APEC. Por supuesto, en vez de haber invertido su energía en resolver los problemas de movilidad de una vez, prefieren “esconder” a las personas. Poco les faltó para aprobar una orden de inamovilidad.
Pero la cereza del pastel ha sido la exigencia a las entidades educativas para que hagan modalidad virtual los primeros días de la semana, además de declarar feriados los próximos jueves y viernes. Esto genera que 2.4 millones de niños y niñas pierdan clases. Además, no todos tienen la posibilidad de acceder virtualmente a la oferta educativa que sus centros de estudios les ofrezcan (con las dificultades que implica) ya sea por falta de Internet o de equipos con los cuales conectarse. Esto es, por tanto, una falta de respeto para las familias de estos niños, quienes ahora deberán organizarse para poder seguir trabajando mientras sus hijos no van a sus guarderías, nidos o colegios. Como bien hizo notar Abilia Ramos (presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho) en su reclamo por estas medidas, las familias más vulnerables son las más afectadas.
Resulta inconcebible que en un país en donde 2 de cada 10 niños no comprenden lo que leen se tome tan a la ligera su educación. Con toda razón, las familias están furiosas y desde el colectivo Volvamos a Clases se convocó a un plantón para exigir la rectificación de esta medida; sin embargo, el Gobierno hace de oídos sordos.
Por su parte, el especialista en educación José Luis Gargurevich hizo notar que hace pocos días el propio Ministerio firmó junto con varias instituciones un Pacto por la Educación, lo cual demuestra que el papel aguanta todo, pero poco le importa la educación de nuestros niños. Una vergüenza más para este Gobierno. Ahora nos tocará ver si la presidenta llega al 100% de desaprobación, aunque ya sabemos que claramente está jalada.
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