Pasado el sopor estival y reavivada la beligerancia que mantienen los partidos políticos, el Gobierno español sorprendía con un nuevo paso hacia el desvarío institucional.
MIRA: Sonia Chirinos: 7 de octubre
Cuando Pedro Sánchez anunció que se retiraba a pensar sobre su futuro, volvió cinco días después con la promesa de acabar con los bulos que al parecer inundaban tribunales y prensa.
A Pedro Sánchez, de quien la publicación británica The Economist hace un retrato despiadado, hay que reconocerle que nada le arredra. Es un superviviente nato. Peligrosamente vengativo. Mentiroso. Desde que saltara el escándalo de su mujer, se ha propuesto acabar con todo lo que perturbe su tranquilidad.
En este contexto, presentó un pretencioso “Plan de regeneración democrática”, con el que pretende asustar a los medios de comunicación de la forma más hiriente: retirando la publicidad institucional. Vale decir, cediéndola a los medios afines. Se propone crear una especie de instancia que revise contenidos; que revise las fuentes de financiación; y que mida los índices de lectura.
Como le dijo el líder de la oposición en el Congreso, su plan huele a Franco.
Huele en realidad a un intento más de Sánchez de perpetuarse en el poder, con desprecio absoluto del respeto a las instituciones. De eso le acusa The Economist. No nos extrañemos que tampoco este año se apruebe la ley de presupuestos. Es lo que pasa cuando se gobierna en minoría. Tampoco importan las acusaciones de corrupción de su familia o partido. Basta humillar a los jueces.
El último escándalo es que el fiscal general del Estado haya sido imputado por el Tribunal Supremo. No piensa dimitir. Total, tiene a todo un consejo de ministros apoyándole. Mayor confusión institucional, imposible.
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