Con todo el barullo de las actividades protocolares por Fiestas Patrias, ha pasado desapercibida la elección del presidente del Congreso, José Jerí, y los serios cuestionamientos de investigaciones por delitos graves; además que no cumple con fundamentos éticos que evidentemente exigen la solvencia moral, la probidad e integridad para asumir cargos de mayor responsabilidad, como es el caso de la presidencia del Parlamento.
Que tenga en marcha un proceso de investigación por delito de violación sexual —delito común— y otro por desbalance patrimonial, como delito de función —presuntamente relacionado con la Comisión de Presupuesto que presidió—, descalifica a Jerí en el cargo y en circunstancias normales no podría ni siquiera trabajar en el sector público, porque es lo primero que exigen en cualquier proceso de contratación de personal para funcionarios públicos. Pero estamos viviendo una decadencia institucional y tener esos antecedentes serían más bien méritos para este Congreso de impresentables y hasta de delincuentes que hoy fungen de congresistas.
Por las denuncias en contra de Jerí y la Mesa Directiva debería ser mejor mencionada como Mesa Delictiva. Basta ver la falta de catadura moral que él expresa en las entrevistas, y el Perú fue testigo cuando en un dominical, con total desparpajo, trató de justificar su accionar para blindar a Dina Boluarte de las denuncias constitucionales que se le han interpuesto desde la Fiscalía de la Nación.
Lo revelador son los argumentos írritos que pretendía esgrimir, como que no había pruebas de la responsabilidad que Boluarte tiene de las 49 víctimas de las protestas, exigiendo, supuestamente, que se le entregue pruebas de que la orden vino de Palacio. Es un despropósito y una sinvergüencería de parte del presidente del Congreso; para empezar, él sabe que la función del Congreso en la SAC solo es la de habilitar una denuncia, para que después en instancia judicial se demuestre la culpabilidad o la absolución.
Ese pretexto es una infamia, porque este Congreso, en casos evidentes de delitos flagrantes, como el de los congresistas ‘mochasueldo’, lo que han hecho es blindarlos, a pesar de la abundancia de las pruebas, que incluían los depósitos bancarios. Entonces no son las pruebas, el criterio de ponderación, a sabiendas de que en la SAC solo se valora la denuncia y se habilita su procesamiento en instancia judicial.
Lo que existe, lamentablemente, es una componenda entre las bancadas que sostienen el desastre de este gobierno; entonces no importa la denuncia constitucional o el delito grave que conlleva; lo que manda es el pacto infame con el que están gobernando y quieren perennizarse en el poder.