Una raya más al otorongo

Fecha Actualización

09/05/2023 - 07:00

En los próximos días, el Pleno del Congreso votará las dos propuestas que quedaron como opción para la Defensoría del Pueblo. El problema con este proceso tan cuestionado de presentación de candidaturas es que no fue meritocrático, sino por invitación de las bancadas que se involucraron.

Como consecuencia de esta politización del procedimiento, los peruanos se encuentran ante un surtido de posibilidades para ocupar el cargo que son cada una peor que la otra. El nuevo defensor, así, saldría de una disyuntiva entre un recomendado de Vladimir Cerrón, quien fue, además, su asesor legal (Josué Gutiérrez) o un abogado (Jorge Rioja) propuesto por Edwin Martínez, de Acción Popular, actualmente investigado por la Fiscalía y en la Comisión de Ética por su vinculación con el caso de ‘Los Niños’.

Pero lo más sorprendente es que en el marco de las negociaciones para alcanzar los 87 votos, uno de ellos, Josué Gutiérrez, está intentando convencer a fuerzas políticas opuestas, como Fuerza Popular y APP, que, según lo reveló ayer Perú21, no lo ven mal para dirigir tan importante función para el país y la democracia.

Es más, en la bancada fujimorista ya lo recibieron y no descartan darle su apoyo. Recordemos, además, que dos de sus integrantes votaron por él cuando su nombre fue postulado a la comisión seleccionadora.

¿Qué hay detrás de estas groseras trapicherías? Lo que se comenta en el famoso Hall de los Pasos Perdidos es que a través de este proceso se estarían negociando votos con miras a la elección de la próxima Mesa Directiva. Es decir, una nueva repartija de cargos en el Congreso, sin considerar para nada los intereses ni las necesidades del país.

No solo es el hecho de que ninguna de las candidaturas ofrezca garantías, sino el contexto, la coyuntura nacional, a la que los congresistas parecen decididos a seguir dando la espalda, con tal de saciar sus particulares apetitos políticos. Un paso más hacia una deslegitimación que no solo daña a la ya alicaída institución parlamentaria, sino a nuestra democracia como sistema de gobierno. Eso al margen de la credibilidad e imagen pública que tienen los parlamentarios para quienes los dineros del erario, en cambio, parecen estar siempre disponibles para atender sus caprichos.

Pactos bajo la mesa (¿directiva?) que se perpetran en el peor momento para el Perú. Una irresponsabilidad política, histórica, imposible de justificar.

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