La ola de crímenes producto de las extorsiones se ha incrementado de manera alarmante, principalmente en Lima. Eso, sin desmedro de lo que ocurre en ciertas regiones, donde la violencia que rodea actividades ilícitas como la minería y la tala ilegal –que se desarrollan también con prácticas extorsivas– llega a niveles de terrorismo puro y duro.
Ocurre, sin embargo, que en la capital las extorsiones de pequeña, mediana y gran escala han invadido innumerables actividades económicas, sean formales o informales.
Desde los consabidos chantajes en el sector construcción ahora se están cobrando cupos por “proteger” barrios o urbanizaciones, bodegas, clínicas, pequeños comercios, negocios callejeros, mercados o líneas de transporte urbano. Y en este último rubro, se ha llegado, en días recientes, al extremo de abalear buses con pasajeros dentro, presumiblemente –pocas víctimas se atreven a hablar– porque no cumplieron o se resistieron a colmar las exigencias económicas de los malhechores.
La extorsión generalizada ha convertido Lima en fatídico escenario cotidiano de asesinatos a cargo de sicarios, asaltos y ataques en plena vía pública, mientras que del Gobierno no se ve una estrategia seria para frenar la situación. Por el contrario, lo que se ha observado son diferencias ridículas, inoportunas –considerando la magnitud de la escalada– entre las entidades llamadas a enfrentar juntas la ascendente criminalidad.
La Policía le echa la culpa a la Fiscalía de liberar a los hampones capturados, la Fiscalía al Poder Judicial y así por el estilo. Es decir, todos se echan la pelota y cero soluciones. Es cierto, también, que así de debilitadas y sin liderazgos –entre suspensiones a destacados policías y una suma de magistrados embarrados en actos de corrupción– están estas instituciones. Mientras tanto, el hampa se debe estar retorciendo de risa.
Ayer, no obstante, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para que convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con carácter de suma urgencia.
El premier tiene en este momento la condición de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, máximo organismo encargado de la formulación y evaluación de las políticas en la materia. Es momento de que se dejen a un lado posturas individualistas y egos de funcionarios para formular una sola política de Estado.
La máxima responsabilidad, el liderazgo, es del Poder Ejecutivo, que, por cierto, tiene mucho que ver con el debilitamiento de la moral en la PNP. Está por verse de qué lado se pone esta vez.
