Vándalos S.A.

Las marchas y protestas pacíficas, como ya se ha dicho hasta el cansancio, están reconocidas en nuestro marco constitucional. Estas, por esencia son voluntarias. La ciudadanía acude a las convocatorias porque se han conculcado sus derechos o para exigir, por ejemplo, la provisión de determinados servicios.

Fue lo que ocurrió, por poner solo el caso más reciente, el 5 de abril del año pasado, cuando al entonces presidente Castillo se le ocurrió decretar un toque de queda porque tenía miedo de que las marchas que se venían produciendo en contra de su política económica llegaran hasta Palacio.

En ese entonces, miles de peruanos salieron a las calles a cuestionar a viva voz la medida, pues era inconstitucional. Y tuvo que ser derogada a las pocas horas. A ninguno de los participantes, sin embargo, se les pagó un sol para participar en la movilización, que también fue masiva y sin lluvias de piedras ni palos.

Lo que hemos visto desde el 7 de diciembre hacia adelante, en cambio, es completamente distinto. Se sabía que la motivación era 100% política, que no se reivindicaban derechos económicos o sociales conculcados. Pero se sabía también que un sector de revoltosos contaba con un financiamiento para llevar el agua sucia a su molino, exigiendo la renuncia de la presidenta constitucional y una convocatoria a una asamblea constituyente como estrategia para debilitar la democracia peruana.

La noche del martes, finalmente, se confirmó que detrás de estas movilizaciones había toda una organización para hacer pagos puntuales y diarios a quienes salían a las calles a destrozar los bienes públicos y privados, como informó ayer Perú21.

Lo que queda por saber es cuál es la fuente del dinero, quién pone la plata, pues costear el traslado de tan numerosos y organizados contingentes –proveyéndolos además de alimento y techo durante tantos días– no se logra solo con rifas o colectas.

Por ello, hizo bien la Fiscalía en solicitar que los detenidos –entre ellos la amiga de Pedro Castillo, que cayó con un cuaderno de los pagos– permanezcan por lo menos siete días en la cárcel hasta que se esclarezca el origen de los fondos.