Víctima de su propio desprestigio

La Comisión de Ética recomendó suspender por 120 días al presidente del Congreso por haber consignado información falsa en los informes que presentó a fines de 2017 sobre sus actividades durante las semanas de representación.

Daniel Salaverry considera que esto es una venganza política que busca sacarlo de carrera a la Mesa Directiva por haber tomado distancia de Fuerza Popular. Por ello, y porque considera que se ha cometido una violación de sus derechos como parlamentario, ha recurrido al Poder Judicial.

Janet Sánchez, presidenta del grupo de trabajo, sostiene que Salaverry solo está eludiendo una investigación imparcial aprovechando las posibilidades que le ofrece su cargo, como, por ejemplo, el haber ampliado la legislatura para aprobar la reforma política y ver asuntos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, al margen de lo que resuelva la jueza que tiene en sus manos su medida cautelar, la recomendación de la Comisión de Ética ya no podrá verse sino hasta después de 28 de julio, con altas probabilidades de que no pase nada y quede en el olvido.

Nadie podría negar que el exvocero fujimorista ha sabido mover sus fichas y ganarse la confianza de las bancadas que han sufrido la dictadura de la mayoría, especialmente en los primeros años de este periodo congresal. Sin embargo, no le haría mal concurrir ante la opinión pública para terminar de aclarar el entuerto de los informes falsos. Lamentablemente, lo que no podemos hacer es defender contra viento y marea la pulcritud del grupo que lidera Sánchez. La lista de casos no podría incluirse en este corto espacio, pero lo ocurrido con Héctor Becerril es escandaloso, dados los indicios sobre su relación con el malogrado CNM. Por eso, la opinión pública no cree en Ética; incluso cuestiona su existencia.