Las próximas arremetidas del Congreso están orientadas a seguir debilitando la institucionalidad del país, pero también pretenden intervenir dentro de las competencias que tiene el Poder Judicial y someter a otro poder del Estado a los designios y caprichos de este Congreso. Desde la Comisión de Constitución, que preside el converso fujimorista Rospigliosi, esta semana han aprobado un paquete de normas, orientadas a que el Legislativo tenga el poder absoluto con sus decisiones y el Poder Judicial ya no pueda tener competencia en materia de defensa de los derechos fundamentales.
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Pretenden desde la Plaza Bolívar instrumentalizar el poder que ostentan e imponer sus decisiones sin la posibilidad de buscar el amparo cuando se den casos de violaciones a los derechos fundamentales de los peruanos, que es la garantía en un Estado de derecho para que todos los ciudadanos tengan un auxilio judicial en un juzgado constitucional cuando, en abuso del poder, un Congreso, por ejemplo, pretenda imponer una sanción abusiva.
Por eso, pretenden modificar varios artículos del Código Procesal Constitucional, con lo cual quedaría en el aire cualquier demanda que interponga un ciudadano frente al abuso de los actos políticos del Congreso y sus decisiones arbitrarias, al establecer de plano el rechazo de las demandas de amparo, habeas corpus, habeas data, entre otros. Los Malditos de la Plaza Bolívar lo que quieren es que nadie cuestione sus decisiones, debilitando el control judicial, que en una democracia garantiza la protección de derechos fundamentales y los contrapesos entre los poderes del Estado.
Solo nos dejan como única alternativa presentar al TC una demanda competencial, en lugar de un habeas corpus, por ejemplo, que justamente era un instrumento de defensa ante la vulneración de nuestros derechos fundamentales. Esa demanda competencial solo pueden interponerla algunos estamentos públicos, no ninguno de nosotros, los ciudadanos. Con ello, prácticamente nos estarían dejando en la orfandad ante la ley, indefensos y sometidos a la arbitrariedad de los congresistas lumpen que tenemos hoy.
No contentos con estos atropellos, estos congresistas impresentables pretenden limitar las exigencias de votos calificados —5 de 7 magistrados— en esas demandas competenciales y así reducir el quorum para aprobar estas demandas; todo un despropósito.
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