¿Y ahora quién podrá defendernos?

Ha quedado evidenciada nuestra pobre institucionalidad, con partidos políticos que son una pantomima, un Ejecutivo inoperante, incapaz incluso de hacer las compras mínimas para abastecer nuestros hospitales o para adquirir las vacunas que requerimos para restablecer nuestras vidas cotidianas, y un Tribunal Constitucional (TC) que se toma meses para resolver situaciones de inconstitucionalidad de las leyes que no pueden esperar.

El TC tiene el deber de interpretar y proteger nuestra Constitución y solo lo podrá hacer en la medida que actúe rápidamente para poner coto a leyes claramente inconstitucionales. Lo hace así raramente. El TC generalmente realiza su trabajo de forma lenta, dejándonos desprotegidos frente a atropellos. La inconstitucionalidad de leyes como la suspensión de los peajes, la devolución de los aportes a la ONP, la eliminación del CAS, entre otras, debería resolverse en días y no en meses. Esto limitaría el accionar populista del Congreso, donde legislan a sabiendas de que lo que están aprobando es inconstitucional y dañino.

Requerimos una respuesta más expeditiva. La nueva ley agraria que fijaría los salarios en una actividad económica es un despropósito evidentemente inconstitucional. La lentitud del TC facilita que el Congreso dicte leyes cuya constitucionalidad es dudosa, debido a que el control de las mismas termina efectuándose tardíamente, produciendo inseguridad jurídica. El TC debe modificar su reglamento operativo para asegurar que las leyes que son evidentemente inconstitucionales se resuelvan en forma inmediata, incluso de oficio. Justicia que tarda no es justicia.

Debemos seguir el reciente ejemplo en EE.UU., donde la Corte Suprema se tomó solo un día para rechazar la absurda demanda interpuesta por el gobernador del estado de Texas y varios legisladores republicanos, pidiendo que declare nulos los resultados de cuatro estados donde había perdido Trump. Necesitamos un TC que actúe con esa independencia y celeridad.