[Opinión] Yesenia Álvarez: Mejoremos la forma de hacer política

Todo lo que se generó a partir del sensible fallecimiento de un simpatizante de Perú Libre deja algunas reflexiones que deberían llevarnos a mejorar la forma de hacer política en nuestro país. Políticos de Perú Libre, Juntos por el Perú y el Partido Morado, desde sus cuentas oficiales de Twitter, atribuyeron falsamente un delito, sin pruebas y sin constatar antes si de verdad se estaba ante un crimen que sea resultado de los enfrentamientos poselectorales. Es difícil comprender qué los llevó a una actitud irresponsable y nada reflexiva ante un tema tan sensible que tendría implicancias en el duelo de una familia y en un ambiente político-social polarizado.

Quizás a los ciudadanos en general les cueste todavía diferenciar en qué consiste la calumnia y entender que no es correcto acusar falsamente a nadie de un delito. Sin embargo, esto lo deberían tener claro los políticos y congresistas del próximo período, quienes están llamados a ser prudentes y rigurosos. Al hacer política deben acostumbrarse al sano ejercicio de consultar los hechos antes de afirmar algo, más aún si se trata de la atribución de un delito y si sus declaraciones podrían azuzar más caos social en un contexto de polarización. Ellos, más que nadie, deben saber que el honor y buena reputación son protegidos por nuestro sistema jurídico, –y es discusión para otro artículo que algunos consideremos que sus afectaciones deben resolverse solo civil y no penalmente–.

Cabe agregar que condeno la violencia de ambos grupos políticos en los enfrentamientos en las afueras del Jurado Nacional de Elecciones, así como también que se busque redituar políticamente a partir del dolor de una familia. Y en este sentido llaman la atención las palabras de Pedro Castillo, quien expresó que se había demostrado que “los derechos constitucionales se defienden hasta con la vida”. Hay que recordarle que los peruanos preferimos vivir en un país en que nadie tenga que entregar su vida para defender la democracia y los derechos constitucionales.