El cruel asesinato de la enfermera del Hospital de Chancay Kimberlit Maricielo Tapia Ortiz (28) a manos de su enamorado Joshua Huamán Jerez (28), quien la apuñaló, descuartizó y quemó en una vivienda alquilada en Cieneguilla, ha conmocionado a la opinión pública.
MIRA: Tumbes: Investigan a médica por permitir que un perro use camilla para pacientes (VIDEO)
Por desgracia, no es la única y trágica historia de extrema violencia contra la mujer. De enero a agosto de 2024, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registra un total de 118 casos con características de feminicidio, un 5.4% más (seis casos) que en 2023 en el mismo periodo de tiempo. A su vez, el año pasado el país cerró con 170 feminicidios, el número más alto de estos delitos desde que empezaron a registrarse como tal en 2019. En el caso de las tentativas, en 2023 hubo 258; mientras que de enero a agosto de este año, 150.
“Las autoridades nos dicen que denunciemos, pero, cuando lo hacemos, no actúan. Es ineficiente el trabajo desde la Policía, pasando por el Ministerio Público hasta el Poder Judicial. Cómo podemos sentirnos protegidas si vemos que no solo nos matan, sino que se ensañan quemándonos vivas, torturándonos y abusando sexualmente, para hacernos sufrir y castigarnos por haberlos rechazado. Con esta impunidad es un claro mensaje de que la vida de una mujer no vale nada en el Perú”, manifiesta a Perú21 Sandy Evangelista Loa, presidenta de la asociación Familias Unidas por Justicia (FUJ).
En 2006, su hermana Melva Evangelista Loa, entonces de 25 años, fue descuartizada por su conviviente, Nicolás Vásquez Velarde, ahora de 45 años, en un inmueble de Lurín. Luego de 10 años de andar prófugo de la justicia, la Policía lo capturó y el Poder Judicial (PJ) lo sentenció a 28 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.
TERRIBLE IMPUNIDAD
De acuerdo con un informe del MIMP, al que accedió este diario, de los 118 casos de feminicidio en lo que va de este año, ninguno tiene sentencia en estado de ejecución, pero 6 ya han sido archivados de forma definitiva. Asimismo, 109 se encuentran en proceso, de 2 no se cuenta con información porque tienen patrocinio particular o del Ministerio de Justicia (Minjus) y un caso varió su calificación jurídica.
Los datos de 2023 son más indignantes todavía. De 160 casos con características de feminicidio, 17 han sido archivados de forma definitiva, 24 tienen sentencia en estado de ejecución y 88 se encuentran en proceso. A su vez, 5 casos variaron de calificación jurídica y de 26 se desconoce su situación procesal porque tienen patrocinio particular o del Minjus.
“El artículo 108-B del Código Penal establece ciertos agravantes. Para este tipo de delitos, es difícil para los familiares de la víctima demostrar a cabalidad a veces los agravantes. El propio tipo penal, al señalar que se mata a una mujer por su condición de tal, entrampa a los jueces en tecnicismos para inaplicar la norma. Muchas veces cambian de calificación jurídica y se termina sentenciado por otro delito, lo pasan a lesiones graves, homicidios, y no queda en delito de feminicidio, lo que resulta en total impunidad para las víctimas”, detalla Mariana Justo, abogada penalista del estudio Ugaz Zegarra.
A su vez, Matilde Cobeña, especialista en Derechos de la Niñez y Adolescencia y Derechos Humanos, manifiesta que “el gran problema es el sistema de justicia. Se necesita que las investigaciones de estos procesos penales sean rápidas, pero rigurosas, para que no se caigan los casos, terminen archivados y los agresores libres”. Cobeña precisa, además, que el incremento de casos de feminicidio responde también a una mayor visibilización de estos casos, lo cual exige una mejor oferta de servicios por parte del Estado “para que la ciudadanía no tenga sensación de impunidad”.
En tanto, el MIMP indicó que es fundamental que desde el PJ se tomen medidas contundentes para garantizar que los casos de feminicidio no queden impunes.
Además, acotó, es necesario que los casos de violencia contra las mujeres se resuelvan en los plazos de ley. Para ello, dijo, el Perú debe continuar con la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), que permite contar con las condiciones logísticas y de recursos humanos: es decir, que operadoras/es de justicia sensibilizados, capacitados y especializados atiendan, protejan, investiguen y sancionen en el marco de los enfoques de derechos y género acordes a sus competencias y funciones, contribuyendo al anhelado acceso a la justicia y permitiendo que los casos no escalen hasta el nivel de riesgo y/o muerte de las mujeres.
VÍCTIMA Y VICTIMARIO
Siguiendo con el boletín del MIMP, de los 118 casos de feminicidio registrados en 2024, en enero hubo 18; en febrero, 15; en marzo, 10; en abril, 23; en mayo, 14; en junio, 13; en julio, 11; y en agosto, 14.
Las regiones con mayor cantidad de asesinatos de mujeres son Lima Metropolitana (28 casos), Arequipa (6), Cusco (11), Junín (4), Puno (3), La Libertad (4), Huánuco (7), Lima provincia (6), Cajamarca (8), Áncash (5), Piura (6), entre otras.
Según el reporte, antes de que estas 118 mujeres se convirtieran en víctimas de feminicidio, 18 denunciaron los hechos, 18 decidieron separarse, 5 solicitaron medidas de protección, 4 acudieron a casa de un familiar o amistades, 1 decidió continuar con el proceso judicial y 63 no tomaron ninguna medida.
Finalmente, en 50.8% de los casos el asesino fue la pareja, en 19.5 % la expareja, en 5.1% un familiar, en el 8.5% un conocido y en 16.1% un desconocido.
VIDEO RECOMENDADO
Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo o por whatsapp nuestro periódico digital enriquecido.
Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!
