El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 17 años de prisión efectiva a tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por los delitos de tortura agravada y abuso sexual en agravio de la ciudadana trans identificada como Azul Rojas Marín.
Cabecilla del MRTA había requerido que se aplicara Ley 32107, aprobada por el Congreso en agosto de 2024.
Los efectivos policiales sentenciados son Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero.
Tras la lectura de la sentencia, el órgano jurisdiccional, presidido por la jueza Nayko Coronado Salazar e integrado por los magistrados Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi, dispuso de inmediato la ubicación y captura de los tres condenados.
Además de la pena privativa de libertad, los expolicías deberán pagar una reparación civil ascendente a S/ 150 mil. La sentencia también establece que no podrán ejercer la función policial ni desempeñar cargos de elección popular.
Este nuevo juicio y condena se realizó en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso "Azul Rojas versus Perú". La CorteIDH había dispuesto que el Estado peruano promueva y continúe las investigaciones necesarias para juzgar a los responsables de los hechos de violencia cometidos.
¿QUÉ PASÓ?
Los hechos se remontan al 25 de febrero de 2008, en el distrito de Casa Grande, La Libertad, cuando la víctima fue intervenida por efectivos policiales mientras se dirigía a su vivienda, siendo posteriormente golpeada y agredida sexualmente dentro de la comisaría. En ese momento, Azul Rojas se identificaba como un hombre gay; actualmente se identifica como mujer.
El fallo de la CorteIDH, emitido el 6 de abril de 2020, se convirtió en una sentencia emblemática a nivel regional al culpar por primera vez a un Estado por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTIQ+.
La corte reiteró que la población vulnerable LGBTI ha sido víctima de discriminación y violencia, y enfatizó que la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Estado Peruano reconoció públicamente su responsabilidad internacional por la afectación de los derechos de Azul Rojas y su madre, Juana Rosa Tanta Marín, en una ceremonia llevada a cabo el 4 de noviembre de 2022.
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