Ni una menos: La agenda pendiente contra la violencia hacia la mujer

La violencia contra la mujer no se detiene. Todas las semanas se escuchan nuevas denuncias de mujeres acosadas o violentadas física, psicológica o sexualmente. Según las cifras del Ministerio Público, entre los años 2009 y 2017, un total de 1,030 mujeres fueron víctimas de feminicidio y, en lo que va del año, ya se han reportado 65 casos de mujeres asesinadas, pero otros 30 crímenes similares están en investigación.

Pero eso no es todo. Juan Huambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, dijo que en los últimos ocho años se han presentado más de un millón de denuncias por violencia familiar, en las cuales el 90% de víctimas fueron mujeres. Además, este año la Fiscalía ha registrado 17,182 denuncias por violaciones sexuales.

Silvia Loli, viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, explicó que la violencia contra las mujeres tiene como causa más relevante la discriminación de género. “La violencia ocurre cuando las mujeres se rebelan contra los roles que supuestamente les corresponden, cuando toman decisiones autónomas. El agresor no tolera esa ‘indisciplina’, cree que se cuestiona su autoridad y la violenta para encarrilarla”, manifestó.

Por ello, desde el Ministerio de la Mujer se viene fortaleciendo la atención brindada por los Centros Emergencia Mujer (CEM) a las víctimas y, debido a que el 70% de denuncias de mujeres llega a una dependencia policial, desde este año los CEM se han ubicado en las comisarías. Actualmente se cuenta con 35 CEM en comisarías de todo el país y a fin de año se espera contar con 50.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha incluido en el Programa de Recompensas ‘Que ellos se cuiden’ a 897 requisitoriados por diversos delitos de violencia contra las mujeres, entre ellos, 547 casos de procesados por violación sexual de menores de edad y 41 por el delito de feminicidio.

El viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, indicó que se está revisando el currículo de las Escuelas de Formación y Capacitación de la Policía para incorporar cursos obligatorios sobre violencia contra la mujer y justicia con enfoque de género. “La prioridad es contar con un nuevo plan educativo, en el cual el tema de violencia contra la mujer constituya un eje importante en la formación, capacitación y especialización del personal policial”, dijo.

Mientras el Ministerio Público ha implementado 33 fiscalías especializadas en el delito de feminicidio a cuyos operadores están capacitando para que puedan trabajar desde la perspectiva de género, desde el Poder Judicial se ha implementado el primer módulo integrado de justicia de género, que permite que en un mismo lugar la víctima pueda denunciar y recibir de inmediato medidas de protección y asistencia física y psicológica.

Pero como todo ello aún no es suficiente, Perú21 consultó con diversos expertos sus recomendaciones para luchar contra la violencia de género.

La Defensoría del Pueblo solicitó crear en la Policía una Dirección de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres que garantice la efectiva atención y protección de las víctimas para poder luchar contra esta problemática.

Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía de la Mujer, refirió que la falta de capacitación de la Policía en este tema está afectando la atención de las víctimas, pues aún hay efectivos que no saben llenar la ficha de valoración de riesgo, la cual sirve de base para que el juez determine en qué grado de riesgo está la víctima y dicte las medidas de protección.

Para subsanar esa deficiencia, la Defensoría del Pueblo considera necesario incorporar en los programas de formación de la Policía Nacional cursos especializados sobre la atención de casos de violencia contra las mujeres, y de la misma manera capacitar a magistrados y fiscales sobre el tratamiento de estos casos.

Además, Portal señaló que la Defensoría cree indispensable fortalecer el trabajo conjunto y coordinado entre la Policía y los Juzgados de Familia para asegurar la implementación de las medidas de protección a las víctimas y garantizar la atención gratuita y de calidad para la recuperación de su salud física y mental.

“Visibilizar a las víctimas con nombre y apellido, así como a los agresores y a los operadores de justicia que son parte de que no se avance en la lucha contra la violencia de género es fundamental en este tema, pero hacen falta programas integrales para reconocer los derechos de la mujer”, aseveró Amire Ortiz, de Paro Internacional de Mujeres.

La vocera de Ni Una Menos Somos Todas enfatizó que el Estado protege a la mujer embarazada, pero deja de lado sus derechos sexuales y reproductivos y no fomenta políticas preventivas. “Las violaciones sexuales ocurren todos los días, pero no se reconoce la despenalización del aborto en esos casos. ¿Cómo es posible que a una niña violada por su padrastro, su tío o su abuelo la obliguen a ser madre? Hace falta una educación sexual integral, que las mujeres conozcan sus derechos y sepan cómo protegerlos”, aseveró.

“Erradicar la cultura de la desigualdad de género que da cimiento a la violencia hacia la mujer y la desvaloriza, al asociar lo masculino a la imposición de la fuerza y la dominación, es lo primordial para luchar contra la violencia hacia las mujeres”, opinó Elena Zúñiga, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú.

Para lograr ese objetivo, Zúñiga refirió que se debe garantizar una educación que fomente la igualdad entre hombres y mujeres e incluya una educación sexual integral. En ese sentido, señaló que es importante que el enfoque de género y derechos humanos se haya incluido en el currículo nacional, pues generará mensajes de respeto a la equidad, a la no agresión y a la convivencia pacífica.

Además, enfatizó que es importante implementar políticas de prevención y hacer todo lo posible para asegurar que las mujeres de todas las condiciones socioeconómicas del país accedan plenamente a la justicia.

Revisar la legislación sobre violencia sexual para hacerla más severa y sin posibilidad de beneficios para los agresores, así como mejorar la ley de feminicidio para incluir los casos de las mujeres trans que son violentadas por el simple hecho de verse y sentirse como mujeres, pidió Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, para mejorar en la lucha contra la violencia de género.

Meléndez enfatizó que otra clave para avanzar en este tema es la educación en igualdad. “Hay un hilo conductor en la violencia contra la mujer que se llama machismo y eso atraviesa el pensamiento de las personas y su forma de interpretar el mundo. Para romper con esos imaginarios, la educación desde edades tempranas es clave. Pero no se cambiará la perspectiva de los operadores de justicia con un taller o dos, eso no basta para sensibilizar a una persona, se requiere una formación de larga duración”, sostuvo.

Asimismo, consideró que también hace falta que el Gobierno invierta más en servicios, pues falta presupuesto para realizar grandes campañas estructurales y transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas y eso no se puede hacer sin contar con recursos.

Pese a lo avanzado hasta el momento en materia de prevención de la violencia contra la mujer, aún no hay una integralidad real entre la Policía, la Fiscalía y los Juzgados para procesar estos casos, señaló la fiscal Leticia Silva, quien subrayó que para ello se necesita un presupuesto especial.

“Hacen falta más herramientas, pues no hay suficientes cámaras Gessel, así como laboratorios de criminalística, y no se cuenta con una Policía especializada. Todo ello genera que no se pueda construir una buena teoría del caso y sin elementos de convicción contundentes no se puede sancionar debidamente a los agresores”, sostuvo.

Silva dijo que un buen referente en este tema es España, donde –a raíz de un caso de feminicidio– las leyes se endurecieron y se asignó un presupuesto especial con el cual se crearon centros de tratamiento exclusivos para los agresores de mujeres.

“Los agresores, además de penas de cárcel, pasan obligatoriamente por psicoterapias, se les vigila con sensores para evitar que cometan un nuevo ataque y se monitorea a las víctimas a través de sus celulares.

Además, hay convenios para proteger y reubicar a las mujeres en riesgo y existe una Policía capacitada en género. Eso es una integralidad real; España invirtió en eso, pero, en el Perú, sin presupuesto el avance será muy lento”, manifestó.