En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, dos alcaldes distritales de la región Ayacucho fueron capturados sospechosos del delito de colusión agravada como parte de su vinculación a la organización criminal Los Gansters del Sur. Según las investigaciones habrían desfalcado S/ 750,000 del estado.
Marie Emily Silva fue cesada por el Parlamento tras denunciar irregularidades en la contratación de un local vinculado a la bicameralidad. Acusa represalias para silenciarla y desarticular su sindicato.
Producto de la intervención, un total de 12 personas resultaron detenidas en 26 allanamientos en la ciudad de Huamanga y otras localidades de la región Ayacucho.
Se trata de los burgomaestres Carlos Jayo Choque, del distrito de Paras (Cangallo); y Úlises Sandoval Falcón, del distrito de Pararca (Paucar del Sara Sara). También se capturó a exfuncionarios municipales, identificados como Wualter Pariona Nalvarte, Abel Condorpusa de La Cruz, Wilfredo Araujo Cusiatado, Cristian Villanueva Llimpe, James Velapatiño Barrientos, Marco Palacios Cumpen. Además, se intervino a los empresarios Ulises del Castillo Jorge, Rocío Guisella Hugo Vizcardo, Lina Vriguith Olarte Torre, Augusto Pedro Geldres Álvarez y Kelvin Wilmer Tenorio Estrada.
Según la tesis fiscal, Los Gansters del Sur estaría integrada por exfuncionarios públicos de diversas municipalidades y empresarios, entre ellos representantes de la empresa Vrycons Ingenieros SAC, quienes habrían concertado ilegalmente la adjudicación de contratos relacionados con servicios de consultoría, elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras públicas.
Los hechos investigados señalan que los involucrados manipulaban los procesos de selección, alteraban informes técnicos y omitían deliberadamente observaciones con el fin de beneficiar económicamente a determinadas empresas, incluso cuando estas registraban antecedentes por incumplimientos contractuales.
Las investigaciones arrojan una presunta coordinación sistemática entre funcionarios y empresarios entre los años 2023 y 2024 para direccionar procedimientos y garantizar la asignación irregular de la buena pro.
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