Carmen Wurst, psicóloga: “Víctimas esperan unas disculpas públicas”

Los testimonios que recogimos las tres psicólogas que conformamos el equipo técnico fueron a víctimas directas y a testigos. Es importante señalar que en el caso del Sodalicio de Vida Cristina, los testimoniantes no solo refirieron abusos sexuales, sino gravísimos hechos de violencia psicológica y física, tales como prácticas de intimidación, descalificación y lo que podemos decir “lavado cerebral” y culto al fundador, Luis Fernando Figari.

Algo similar ocurrió en el colegio Héctor de Cárdenas. Su director, Juan Borea Odría, quien era un educador reconocido y dueño del colegio, incluso premiado con las Palmas Magisteriales, sometió a menores a, lo largo de casi 20 años, a lo que, según nuestro Código Penal, artículo 176-A, modificado por Ley 30838, son “tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores”.

La comisión no llegó a entrevistar a las niñas de la comunidad awajún. Esta fue una decisión tomada con la finalidad de no revictimizar a estas niñas. En estos casos fueron abusos sexuales, que en muchas situaciones terminaron en embarazos en niñas y púberes.

Quienes testimoniaron fueron hombres adultos que vivieron estos hechos, en algunos casos, hacía más de 20 años. Este es el argumento para nuestro sistema judicial sobre la prescripción de los delitos de abuso sexual. Es por desconocimiento de lo que significa una experiencia traumática en una víctima o sobreviviente.

Una sociedad que calla es casi tan culpable como de cometer el delito. En psicoanálisis decimos que todo aquello que no se elabora, que no se habla, retorna con más fuerza, es la compulsión a la repetición. Algo que no es castigado, señalado como delito, no se prohíbe, entra en el terreno de la impunidad, de la normalización de una práctica que deja daños a lo largo de la vida.

Recomendaría que se active un servicio de recuperación emocional para las víctimas y sobrevivientes. Que la educación tanto en las familias como en las escuelas incorpore la prevención del abuso sexual, que se tome conciencia del daño que produce en una sociedad que no cuida a sus niños.

Pero, sobre todo, por respeto a las víctimas que declararon ante la comisión investigadora, que se presente este informe en el Pleno y que nos permita a todos los peruanos tomar conciencia de lo que pasó. Las disculpas públicas a las víctimas es un acto necesario, que así como con las víctimas del conflicto armado, significó un reconocimiento de su dolor; eso también es necesario que se haga especialmente con las niñas awajún, población olvidada de nuestro país. No es un informe contra la Iglesia, es un informe que visibiliza que los niños, niñas y adolescentes importan.

Según datos del CEM, la violencia sexual contra menores de edad por parte de familiares y personas cercanas representa el 88.3% de los casos denunciados.

Se emitieron 250 recomendaciones a varios sectores.