Colección del Bicentenario 200 años de Economía en el Perú: ‘Ramón Castilla: El Gobierno que organiza’

Uno de los hechos por el que más se le recuerda a Castilla es su decreto de la abolición de la esclavitud en diciembre de 1854, es decir, la libertad de todos los hombres y mujeres en el país. Sin embargo, también hay que resaltar que fue el presidente que comenzó la organización y reforma del aparato público en la aún joven república, y el que promovió la incorporación de tecnologías modernas de la época, que, aprovechando los recursos generados por la explotación del guano, contribuyeron a la modernización y al dinamismo de la economía.

Para comprender la importancia del gobierno de Ramón Castilla, revisemos los antecedentes de su gobierno y el contexto económico internacional. En el primer cuarto del siglo XIX, ocurrió el pánico de 1825, una crisis económica mundial que empezó en Inglaterra. El factor clave fue el auge y caída de préstamos de los ingleses a nivel global. Parte de estos llegaron a América Latina y el primer flujo de estos créditos tuvo como objetivo financiar proyectos de infraestructura y minería. Este fue el punto de partida para la crisis de 1825 debido a que los países de la región, al no poder pagar la deuda, cayeron en mora y se vieron impedidos de acceder a mercados de capitales.

Es por esto que la crisis empezó en Gran Bretaña y luego se expandió por Europa, afectando a diversas empresas financieras, como los bancos. Finalmente, lo que comenzó como un flujo de préstamos y financiamiento británico de bajo costo (bajos intereses), se convirtió en una crisis que dejó en tres años a casi toda la región en situación de mora. Y, además, ocasionó la salida de capitales extranjeros de casi toda América Latina.

Lo sucedido retrasó el pago de la deuda externa del Perú, que no pudo encontrar una forma de pagarla a los acreedores ingleses hasta la década de 1840, y que recién concretó en la década de 1850. De esta forma, Castilla tuvo un papel importante en el cumplimiento de las obligaciones financieras del país.

Su paso por el gobierno tuvo, además, una gran influencia en la organización del país porque tomó una serie de medidas de reforma del aparato público, como la creación de la Presidencia del Consejo de Ministros, que surgió en 1859, durante su segunda gestión. Y fue el gobernante que estableció el presupuesto público.

Los gobiernos de Castilla se vieron marcados positivamente por la mejora de la economía debido al guano, sin embargo, la corrupción no estuvo ausente. Se conoció de negociados y peculado que fueron producto de la poca fiscalización, tanto en el sector público como en el privado. Pese a los recursos que proporcionó el guano, la economía continuó su desarrollo bajo un esquema donde la cercanía al Estado y las prebendas permitían tener ventaja sobre la competencia.

No es de extrañar que, en el mismo momento en que el Estado dejara la crisis económica y se embarcara en la aventura de la exportación de guano y sus enormes ingresos a las arcas fiscales, también comenzara la preocupación por elaborar datos estadísticos acerca del Perú. Este tipo de esfuerzos trataron de convertir a los residentes de un territorio en una población, masa reconocida por el Estado como sus habitantes, aquellos que le dan sentido a la nación. Los llamados censos nacionales (1836 y 1850) se elaboraron sobre la base de las matrículas del tributo de indios y castas, pero no en una encuesta específica nacional.

De este modo se observa un vínculo directo entre la construcción del Estado-Nación del siglo XIX y los esfuerzos por elaborar estadísticas fiables, tanto como el reconocimiento del territorio que es parte de su jurisdicción. Este intento comenzó en 1848, cuando Ramón Castilla creó el Consejo Central Directivo de Estadística General para descargar a los funcionarios de la tarea de recopilación de datos y complementar la fundación de comisiones en provincias.

Castilla fue presidente del Perú en cuatro oportunidades entre 1845 y 1863. Tuvo la ardua tarea de sacar adelante al país en medio de una crisis económica mundial y varios aspectos de su gestión fueron determinantes para el futuro de la nación. Su mandato, además, coincidió con la introducción de adelantos tecnológicos como el telégrafo, el alumbrado a gas y los ferrocarriles.

Los ingresos fiscales mejoraron en gran medida por las exportaciones de guano desde la década de 1850. Esto levantó el interés de mejorar las comunicaciones y el transporte, y entre las posibilidades de gasto estuvo el proyecto de conectar el país con ferrocarriles.

En 1851, se inauguró una línea férrea de Lima al Callao, a la que le siguieron en la misma década otras de igual tamaño como el ferrocarril al balneario de Chorrillos (a 12 km de la capital, 1858) y la línea de Tacna a Arica (63 km, 1856). Las revoluciones y guerras civiles consumieron tiempo y dinero, de modo que otras obras no empezaron sino hasta 1868 con los trabajos de la línea de Mollendo a Arequipa.

En simultáneo se comenzó otra media docena de líneas para unir puertos del litoral. Así, desde los puertos de Pacasmayo, Salaverry, Paita, Chimbote y Pisco partieron líneas que debían cruzar la cordillera, donde estaban las minas de oro y plata, y alcanzar la Amazonía, donde esperaban conectarse con los ríos navegables. La línea Callao-Lima debía internarse, a su vez, hasta la sierra central y alcanzar el yacimiento minero de Cerro de Pasco.

Cuando en 1876 se presentó la crisis fiscal, se suspendieron los pagos de la deuda externa y hubo que paralizar las obras ferroviarias. Para entonces, únicamente la línea Mollendo-Arequipa-Puno había sido concluida, quedando las demás en puntos intermedios donde el servicio era virtualmente inútil.

El ferrocarril no llegó solo. También se tendieron líneas telegráficas para comunicar las principales ciudades. Un cable submarino conectaba Lima con el exterior. En 1877, por ley se estableció que el telégrafo debía ser considerado, al igual que el correo, un servicio nacional, lo que implicaba que fuera de manejo del Estado y no se entregara a un particular en concesión. Sin embargo, la aguda crisis fiscal que sucedió a la Guerra del Pacífico hizo que en 1887 una nueva ley autorizara la entrega en concesión del servicio telegráfico. No obstante, no hubo interesados hasta 1921, debido a los altos costos del servicio.

El 6 de marzo de 1857 se instaló el primer cableado telegráfico por la concesión que se otorgó por decreto a Augusto Goné para la construcción de las líneas de Lima a Callao y de Lima a Cerro de Pasco. En una primera etapa solo llegó a funcionar la comunicación de Lima a Callao. Por otro lado, se contaba con dos tarifas: una oficial y otra para particulares. Este contrato tuvo una duración de casi diez años y luego se declaró que el telégrafo era de propiedad nacional, llevándose la administración del servicio a remate público.

En 1867, se pasó a la administración privada y Carlos Paz Soldán fundó la Compañía Nacional de Telegrafía. Ocho años más tarde, en el gobierno de Manuel Prado, se canceló el contrato con esta empresa privada por incumplimiento al no abastecer a todo el país con líneas telegráficas. Fueron varios años en los que la administración del telégrafo pasaba del sistema estatal al privado y viceversa, por un lado, porque no se cumplía con la construcción de más líneas que cubrieran todo el Perú y, por otro, porque se necesitaba un alto presupuesto para lograrlo y el Gobierno no podía asumir tal gasto.

Un rasgo presente en las políticas de Castilla fue la inclusión de sectores sociales aprovechando el crecimiento económico fuertemente impulsado por los ingresos de la explotación del guano. El servicio de agua potable funcionó hasta 1855 con tuberías de arcilla que se resquebrajaban por la presión sobre el suelo que producía el peso de los animales de carga y carretas.

Ese año, un grupo de empresarios peruanos, con apoyo del presidente Castilla, organizaron una entidad comercial que las cambió en Lima por las de hierro fundido. El mismo proceso se hizo en los puertos del Callao, Arica e Islay. La creación de la Dirección de Obras Públicas permitió esta modernización.

Otro gran avance fue el alumbrado a gas. En la segunda mitad del siglo XVIII, llegó el farol de reverbero, innovación traída de Francia que usaba aceite como combustible y tenía un reflector metálico que permitía orientar la luz hacia la calzada.

El siguiente adelanto fue la llegada del gas. En 1855, el empresario Melchor Charón estableció en Lima la Empresa del Gas, la cual tendió tuberías hacia las casas y edificios públicos.

Poco después llegó el kerosene. En 1860, el comerciante John Dockendorff, de Estados Unidos, trajo al país este combustible que tuvo éxito en su demanda debido a una falta del gas. Sin embargo, al normalizarse el abastecimiento del gas, muchas casas ya preferían el kerosene.

Otro de los sucesos importantes durante las gestiones de Ramón Castilla fue el desarrollo en la Amazonía y, en ese marco, la fundación de Iquitos como ciudad. Mucho antes de esto, fueron los misioneros jesuitas y los franciscanos quienes evangelizaron a la población indígena de Loreto, enseñándoles sobre cultivo de tierras y crianza de animales. Ellos fundaron varios poblados, como el de San Pablo de los Napeanos (1757), donde se agrupaban los nativos Iquitos. Es a ese pueblo que la ciudad debe su nombre.

El estallido de la guerra con Ecuador, en 1859, aceleró la construcción de una flota fluvial. En 1860 el Perú sitió y tomó el puerto ecuatoriano de Guayaquil y la guerra acabó con la firma del Tratado de Mapasingue. Ecuador reconoció la soberanía del Perú sobre los territorios atravesados por los afluentes del río Marañón y Amazonas.

El historiador Fernando Santos-Granero señala que, tras la guerra, el Estado decidió incrementar su presencia en Loreto, por lo que debió militarizar la región selvática, formar una flota fluvial nacional incipiente, fundar una Capitanía y Factoría Naval en la entonces aldea de Iquitos y crear la Comisión Hidrográfica del Amazonas.

Para construir la flota fluvial se contrató en Inglaterra la construcción de cuatro embarcaciones, las cuales llegaron a Iquitos en 1863 y 1864. Los navíos Morona, Pastaza, Napo y Putumayo impulsaron el comercio fluvial en la zona, alentando las exportaciones e importaciones.

Varios años antes, en 1832, el Congreso había aprobado la construcción de un astillero en la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón. El lugar elegido fue la aldea de Iquitos. Loreto era concebido como un departamento marítimo militar.

En 1862, cuando se inició la construcción de este complejo, Iquitos tenía una población que estaba compuesta en un 25% por extranjeros, entre marineros, mecánicos e ingenieros británicos. Luego de dos años de obras, el apostadero fue inaugurado en 1864, cuando los cuatro navíos anclaron en el puerto de Iquitos. Como homenaje a la llegada de los buques que fueron enviados por el presidente Ramón Castilla y para convertirla en importante puerto fluvial sobre el río Amazonas, fue que casi un siglo después se acordó establecer el 5 de enero como fecha de la fundación de Iquitos.

- En 1857 había en Lima 2,203 lámparas de gas, con 5,219 luces en casas, edificios públicos y calles.

-Gracias al gas surgieron los gasfiteros, que instalaban y reparaban tuberías. El nombre aún sobrevive.

-Luego de fundada, Iquitos desplazó a Nauta como puerto y a Moyobamba como capital de Loreto.

En el siglo XVI, los españoles trajeron a los primeros esclavos negros. La esclavitud cosificaba a las personas y las convertía en una propiedad. En 1821, durante la proclamación de la independencia, el libertador José de San Martín decretó que aquellos nacidos en el Perú serían libres, lo que se conoce como libertad de vientres; sin embargo, esto no se concretó, solo se dio la libertad a aquellos negros que lucharon en la guerra de la independencia.

En 1839, la nueva constitución declaró libres a los hijos de los esclavos que cumplían 25 años y obligó a sus patrones a pagarles 4 pesos de salario. La nueva ley fue ignorada por muchos hacendados. Fue luego, en 1846, que Hipólito Bracamonte liberó mediante cláusula a sus esclavos de las haciendas Chiclín y Sausal. En 1851 ocurrió algo semejante en dos haciendas de Trujillo, donde el hacendado Alfonso González Pinillos liberó a sus 130 esclavos. Y fue recién el 3 de diciembre de 1854 que Ramón Castilla decretó la libertad para los esclavos negros, en Huancayo. Veamos en qué escenario ocurrió.

La abolición de la esclavitud se dio durante la revolución liberal. Los años previos, gobernaba el Perú, desde 1851, José Rufino Echenique. En el año 53, Domingo Elías acusó al mandatario de corrupción, por pagar demasiado en la deuda de consolidación por perjuicios a los particulares en la época de la Independencia. Ante esa acusación, Echenique deportó a Elías. Éste volvió al poco tiempo e intentó un golpe de estado en Tumbes, que fracasó.

La insurrección comenzó a abrirse camino en otras partes del país; Ramón Castilla tomó el liderazgo en Arequipa, a donde llegó el 13 de febrero aclamado. Echenique mandó sus tropas al sur, pero Castilla, con menos hombres, defendió la ciudad. En la junta revolucionaria de Arequipa, paralelamente, se proclamó como presidente a Castilla. Con dos presidentes en el país, el Gran Mariscal decretó la abolición del tributo indígena, lo cual le dio un carácter social y le hizo ganar el afecto de los indios de Huaraz, quienes se habían unido a la causa de Elías. Desde Huamanga, Castilla trazó su estocada final. Decidió ir por las alturas para obligar a Echenique a retornar a Lima y su plan dio resultado. En ese contexto, el 3 de diciembre, en Huancayo, Castilla proclamó la libertad de todos los hombres y mujeres que se encontraban en el país.

Si bien constituyó un avance en el reconocimiento de derechos de la persona, tuvo alto impacto social y económico. De un lado, el sistema de trabajo agrícola en las haciendas se vio afectado. Se contempló una inmigración europea “capaz de reanimar la agricultura de la costa”, que no prosperó. Lo que se produjo años después fue más bien la importación de mano de obra china, bajo cuestionables contratos engañosos y abusivos que constituyeron casi otra modalidad de esclavitud.

De otro lado, el Estado se hizo de una nueva deuda, ya que el decreto de abolición de la esclavitud contemplaba, para garantizar el derecho de propiedad, asegurar “el justo precio que se debe a los amos de los esclavos y a los patrones de los siervos libertos”. Su crédito quedaría pagado en cinco años, ganaría un interés mensual de 6% y los billetes al portador con que el Estado les pagaba podían ser usados para el pago de tributos. “Queda garantizado el derecho de estos acreedores con la quinta parte de la Renta Nacional, inclusive en éstos los sobrantes de la venta del guano”, precisaba el decreto con el que Ramón Castilla dio libertad a las personas de raza negra en el país.