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Covid, una dura lección | El lado oscuro de la pandemia
Corrupción, ineficiencia, negligencia y la vacunación oculta del expresidente Martín Vizcarra escudriñaron la peor cara del Estado frente a la emergencia. Al Perú aún le cuesta salir del hoyo en el que cayó por la incapacidad de las autoridades.
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En mayo de 2020, en la etapa más crítica de la pandemia en el Perú, cuando ya se registraban 180,000 muertos a causa del COVID-19 en apenas tres meses, el gobierno de Martín Vizcarra aguantaba inexplicablemente la donación de 20 mil litros de oxígeno semanales de la empresa Southern Perú.
La compañía hizo el ofrecimiento el 22 de mayo para cubrir la escasez de ese recurso en las regiones de Arequipa y Moquegua, como reveló Perú21 aquella vez. Sin embargo, la minera acusó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tutelada en ese entonces por Vicente Zeballos, retrasó la entrega por cuestiones burocráticas.
Southern confirmó la coordinación con Zeballos, quien dos semanas después derivó la propuesta al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) para su análisis. El Cenares, a su vez, recién avaló el uso del oxígeno en julio, mientras que, en medio de ese proceso, el Ministerio de Salud (Minsa) anunciaba dificultades para la compra de ese elemento debido a su alta demanda en el mercado internacional.
Esa demora fue un escándalo que puso contra las cuerdas a Vizcarra y fulminó la gestión de Zeballos, quien, sin reconocer su falta de liderazgo, responsabilizó de todo al Cenares ya habiendo dejado el cargo.
La directora de la institución, Rocío Espino, declaró luego al Congreso que Zeballos nunca comunicó a su entidad del oxígeno ofrecido por Southern y aseguró que se enteró de eso recién el 4 de junio de 2020, en una reunión con el entonces primer ministro y funcionarios del Minsa.
Vizcarra solo atinó a decir que la demora de dos meses se debió al cumplimiento de “procedimientos técnicos-científicos” para aceptar la donación. Una excusa para tapar la ineficiencia.
Ese episodio puso en evidencia la incapacidad de gestión de las autoridades en un escenario límite como la pandemia, no solo en la reacción a la emergencia, sino también la negligencia para proveer de implementos al Estado. Un pasivo que se ha mantenido desde gobiernos anteriores.
NO SE APRENDE
En septiembre de 2023, Perú21 reveló que una planta de oxígeno comprada en 2021, durante la etapa del coronavirus, por la que se gastaron S/8 millones, estaba abandonada en un almacén del Hospital Rebagliati.
Las explicaciones que dieron desde Essalud en ese tiempo fueron igual de increíbles que tres años antes: cuestiones burocráticas. El comité de recepción de la planta no contaba con un ingeniero, como mandaba la norma, y debido a ello el equipo se disolvió. Hasta contar con los miembros necesarios pasaron 14 meses.
Y lo peor es que, una vez recibido el artefacto en 2022, nunca se puso en funcionamiento. Esta semana, cuatro años después de esa adquisición, el Seguro Social confirmó a este diario que esa planta sigue sin estar operativa debido “a la disminución de la demanda de oxígeno para tratar casos COVID-19".
“Al evolucionar la situación de salud pública también lo han hecho nuestras operaciones y estrategias para el manejo de recursos críticos. Actualmente, la planta no está en funcionamiento, ya que, luego de una evaluación exhaustiva de las necesidades actuales y futuras (...) nuestros recursos se han destinado a atender las actuales demandas de salud de manera efectiva y eficiente”, indicaron en un comunicado.
Es decir, durante el mandato de Martín Vizcarra, Essalud gastó S/8 millones con premura por una planta de oxígeno que nunca operó y que sin uso está camino al deterioro.
¿No hay algún otro hospital o centro de salud en el precario sistema nacional que necesite de ese equipamiento? ¿Así de fácil se almacena una millonaria compra?
Un informe de la Contraloría emitido en 2020 concluyó que el daño patrimonial por corrupción e inconducta funcional durante el primer año del COVID-19 alcanzó los S/22,059 millones. Un equivalente al 3.2% del PBI de ese año, el año vizcarrista.
En este porcentaje no solo entró el rubro salud con sus irregulares adquisiciones, también la educación. Según Comex Perú, con cifras del Ministerio de Educación, la pandemia causó un retroceso de tres años de aprendizaje en escolares.
Las clases virtuales fueron insuficientes en un territorio en donde, a 2021, apenas el 39.4% de hogares tenía conexión fija a Internet, según Osiptel.
Y para 2021, en el segundo año que el coronavirus reinó, el perjuicio aumentó. El país perdió más de S/24 mil millones por corrupción, de acuerdo a la Contraloría.
En total, 213,731 peruanos murieron a causa de la enfermedad en ese periodo de tiempo. El Perú incluso registró la mayor tasa de mortalidad en el mundo.
Y en medio de todo ello, el gobernante Martín Vizcarra no vio mejor oportunidad que vacunarse contra el COVID-19 de forma secreta con las dosis de Sinopharm, junto a su esposa Maribel Díaz y su hermano César.
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PROCESO ESTANCADO
Han pasado más de tres años desde que Perú21 informó que Vizcarra, en octubre de 2020, se inoculó contra el coronavirus en Palacio de Gobierno. Y si bien el Congreso lo castigó con su vacancia e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos, el proceso penal no avanza.
El 26 de abril de 2023, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso la denuncia constitucional contra Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti por la irregular vacunación que ambos se realizaron. Más de dos años después de los hechos.
La denuncia llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que preside Lady Camones donde no se ha movido más. El grupo de trabajo ni siquiera ha elegido al congresista que se encargará de elaborar el informe que autorice al Ministerio Público continuar con la investigación para presentar la acusación.
El 26 de febrero último, la SAC puso en agenda votar la acumulación de denuncias que existen por este mismo caso. Pero finalmente no se debatió.
Benavides imputó concusión a Vizcarra, el delito que condena con hasta 10 años de cárcel al funcionario público que obliga o induce a una persona a dar para sí un beneficio.
La hipótesis fiscal indica que el exmandatario presionó al médico Germán Málaga, encargado del programa de ensayos clínicos de la china Sinopharm, para recibir las dos dosis el 2 y 29 de octubre de 2020.
Fuentes de la Subcomisión señalaron a este diario que el proceso es lento porque hay otros casos por atender que hacen “la carga de trabajo alta”.
“Normalmente, la SAC debería sesionar una vez por semana, nosotros lo hacemos dos veces por semana y avanzamos en la medida de lo posible”, indicó una fuente cercana a Camones.
A su turno, el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, aseguró que la investigación debería ser archivada por la Fiscalía porque, según su versión, Málaga invitó al exjefe de Estado a vacunarse.
“Tenemos un video de la inspección de los ensayos en la Universidad Cayetano Heredia (11 de septiembre de 2020) donde se verifica que, en la conversación que mantienen Málaga y el expresidente, mi patrocinado pregunta si él se puede vacunar cumpliendo con todos los protocolos, y el doctor Málaga contesta ‘por supuesto’; así es como empezó la comunicación, nadie fue obligado (a inyectar la vacuna)”, alegó Ugaz.
En el Parlamento se centraron en anular a un rival político como Vizcarra al inhabilitarlo, en lugar de facilitar a la justicia una pronta condena. Al final, autoridades, técnicos y políticos hicieron que la pandemia noqueara al Perú con un golpe del que aún no se puede recuperar.
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