Exservidores de Sunedu laboran en universidad que busca licencia

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tiene profesionales de muy alto nivel que manejan información sensible y de mucho interés para las universidades que buscan la tan ansiada licencia. Es por eso que algunas empresas educativas apuestan por jalar a sus filas a esos servidores del Estado para que las asesoren en el camino a la autorización .

Sin embargo, la Ley N° 27588, que establece prohibiciones de funcionarios públicos, es clara: “Un trabajador que por la naturaleza de sus funciones ha accedido a información privilegiada está obligado a guardar secreto e impedido –hasta por un año– de prestar servicios a las empresas privadas que están en el ámbito específico de su función”.

La Sunedu ha confirmado a este diario que a la fecha son 12 casos de exservidores que estarían trabajando o realizando asesorías en universidades. “La Sunedu, a través de sus órganos competentes, está investigando estas denuncias e iniciará los procedimientos disciplinarios que correspondan”, señala.

Aunque la institución quiere mantener los nombres en reserva, este diario ha podido conocer que algunos trabajadores indagados pertenecen a la Universidad Alas Peruanas (UAP), que en estos momentos lucha por licenciarse.

Estos son los casos del exjefe de equipo en la Dirección de Licenciamiento Luis Málaga; el exasesor legal en la Dirección de Supervisión Franco Danós; y la especialista que reportaba a la Dirección de Licenciamiento Carolina Andonaire. Estos abogados pueden contratar libremente con el sector privado, pero están impedidos por ley de ser parte de la UAP. Al momento de su cese en la Sunedu, estas personas firmaron un memorando en el que –en el tercer párrafo– se consigna de una manera clara el impedimento al que están sometidos por el lapso de un año.

Málaga terminó su labor en mayo último, Danós lo hizo en marzo y Andonaire, en enero. Ellos no debieron ser contratados en la universidad.

Perú21 conversó con Luis Málaga, quien señaló que no tiene ninguna limitación para trabajar en ese centro de estudios. “En la UAP estoy en asesoría jurídica. Es una universidad privada que tiene muchas áreas y su giro de negocio no es exclusivo a las limitaciones que dice la normativa”, dijo. Por su parte Danós y Andonaire indicaron que sería la universidad la que se pronunciaría.

La UAP confirmó a este diario que la Sunedu les pidió información e indicó que “estas personas no han cometido una infracción”.

- Alas Peruanas señala que los tres trabajadores en mención no vieron temas de la universidad en Sunedu.

- “No basta comprobar que una persona estuvo en la Sunedu para que se aplique el impedimento”, dice la UAP.

- Además de la inhabilitación, “serán inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despedido”, dice la Sunedu.

Las normas establecen restricciones para los servidores públicos que buscan trabajar en el sector privado y que antes han tenido acceso a información privilegiada, han tenido opinión determinante o han tomado decisiones públicas.

Los impedimentos procuran que el funcionario que deja el cargo no se incorpore en empresas privadas que se encuentren directamente relacionadas a las materias respecto de las cuales tuvieron injerencia. Esta restricción dura un año por el deber de objetividad o imparcialidad del servidor público.

No se vulnera su derecho al trabajo porque jurídicamente los servidores, al incorporarse al Estado, se sujetan a una serie de obligaciones. La restricción limita a aquellas personas cuyo objeto de negocio está directamente relacionado con la entidad donde tuvieron injerencia. El exservidor incurre en conflicto de intereses frente a los privados.