Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huaraz están siendo investigados por su presunta participación en una red de extorsionadores. Según reportes, los agentes habrían facilitado las actividades de una banda dedicada al cobro de cupos.
El caso se origina en la denuncia de un comerciante del establecimiento ‘La Cachina Huaracina’, quien el 19 de septiembre fue víctima de una violenta golpiza por parte de miembros de la banda.
Un dato preocupante que ha surgido durante la investigación es que uno de los policías involucrados presuntamente alquilaba su arma a los delincuentes por un monto de S/ 50, pago que se realizaba a través de la aplicación Yape. Para evitar ser identificado, el efectivo utilizaba un seudónimo, lo que añade un nivel de complejidad al caso.
El fiscal Renato Arapa Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, ha logrado que se dicte prisión preventiva para cinco de los seis implicados. A pesar de que el Ministerio Público había solicitado inicialmente 18 meses de prisión preventiva, el Poder Judicial solo concedió 14 meses para estos cinco acusados. 7
El sexto individuo, también un policía, fue liberado bajo ciertas condiciones, aunque enfrenta acusaciones de omisión de funciones y encubrimiento personal. Este deberá presentarse regularmente ante las autoridades mientras continúa la investigación.
“Mi despacho ha logrado la prisión preventiva de cinco de los seis implicados. En este caso, para los cuatro civiles y para el policía que habría alquilado su arma”, afirmó el fiscal Arapa, subrayando la gravedad de las acusaciones.
Efectivo no detuvo a sospechoso por relación familiar
Las cámaras de seguridad han revelado que uno de los efectivos policiales omitió cumplir con sus funciones al no detener a implicados en un delito. Según el fiscal encargado del caso, el agente, que es sobrino de los civiles involucrados, podría enfrentar una condena de hasta dos años por su falta de acción.
El fiscal señaló que la relación familiar entre el policía y los sospechosos es un factor relevante en este caso, indicando que el efectivo podría haber actuado de manera negligente al no intervenir en el incidente.
“El policía es sobrino de los civiles y habría omitido cumplir sus funciones, justamente porque se trataba de sus familiares”, afirmó el fiscal, subrayando la gravedad de la situación.
Mientras las investigaciones continúan, los sospechosos permanecerán en prisión, lo que ha generado un debate sobre la integridad y responsabilidad de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. La comunidad espera que este caso sirva como un llamado de atención para reforzar la vigilancia sobre las conductas de los efectivos policiales y su compromiso con el deber.
