Más de S/4 mil millones para 29 hospitales que no avanzan

Según lo identificado por Perú21, en el caso del Hospital Goyeneche, en Arequipa, el costo total de la obra es de más de S/520 millones. Sin embargo, el avance del proyecto es de apenas 1% del total. De acuerdo al expediente técnico, esta obra está diseñada para beneficiar a más de 600 mil arequipeños, pero hasta el momento esa promesa ha quedado archivada en un papel. La historia de Celia Capira, la mujer que persiguió al presidente Martín Vizcarra pidiendo ayuda para su esposo enfermo de COVID-19, podría haber sido otra si es que las mejoras se hubieran hecho en el tiempo requerido, ya que desde 2008 se empezó con los estudios para la obra.

La pandemia que el Perú atraviesa ha acentuado aún más la problemática en el sector salud, que ningún funcionario ha sido capaz de resolver. La ciudadanía no tiene acceso a un servicio de salud pública de calidad, en muchos casos, por la mala gestión de los funcionarios y por la corrupción.

Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital Antonio Lorena, en Cusco, envuelto en el caso Lava Jato. El exgobernador regional Jorge Acurio fue recluido en un penal acusado de haber recibido US$3 millones de coima de parte de la constructora brasileña OAS.

Hasta ahora el hospital que debía servir para la atención de 444 mil cusqueños se encuentra paralizado, a pesar de que el Estado ha gastado S/224 millones en su ejecución; es decir, se ha quedado en un 58% de avance.

Al respecto, el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz consideró que, en el entrampamiento de la ejecución de obras de infraestructura, “el gran común denominador es la corrupción”.

“Por ejemplo, en el Hospital de Chincha la obra se paralizó porque el ascensor no calzaba con la caja de concreto que habían construido para que funcione esa máquina. Eso demuestra un nivel de inoperancia que deviene de la corrupción porque contratan a proveedores que no son especialistas. La obra se detuvo porque no se le iba a pagar a un contratista que no había hecho las cosas bien; entonces se generó un arbitraje y todo se paró”, describió Cillóniz.

Otro acto recurrente son las falsas cartas-fianza que las constructoras que ganan la buena pro entregan a los gobiernos regionales para garantizar un pago en caso de que incumplan con el contrato o abandonen la obra.

“En Ica encontramos muchas cartas-fianza falsas. Es obvio que eso significa que hay una colusión con el Gobierno Regional porque fácilmente se puede llamar al banco que supuestamente ha emitido la carta y en un minuto te dicen si es un papel cualquiera o es real”, indicó al exautoridad.

La multimillonaria inversión estancada que ha sido analizada por este diario está en manos de las regiones, lo cual demuestra cómo la política pública de descentralización sigue sin dar los resultados esperados y merece ser revisada.

Sobre este punto, Cillóniz reconoció que la regionalización “evidentemente no ha funcionado”, pero añadió que “tampoco ha funcionado la municipalización del país y el gobierno central”.

“Es todo el Estado el que falla debido a la corrupción. Esa es la madre del cordero. La pandemia lo hace más dramático, pero pasó algo muy parecido en Ica cuando hubo el terremoto. Se robaron mucha plata y quienes pagaron las consecuencias fueron los ciudadanos. Hay muchas autoridades sin escrúpulos, indolentes, ven el dolor de la población en todo el momento y aun así les roban”, criticó.

El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, consideró que es especialmente grave la paralización de obras de establecimientos de salud en las regiones porque si bien la construcción de dicha infraestructura está en manos de cada gobierno regional, la prestación de los servicios más especializados del sector se encuentra en Lima.

“El sistema de salud del Perú es muy centralizado. Hay muchos hospitales y especialistas en Lima, pero no hay establecimientos, redes primarias, profesionales en las regiones. Cuando no se construyen, no se equipan los hospitales y no se envían especialistas a las regiones, se mantiene esa brecha de acceso al servicio de salud”, observó.

Por otro lado, Beteta criticó que, desde que empezó la gestión con Pedro Pablo Kuczynski y luego con Martín Vizcarra, hubo ocho ministros de Salud. “Es imposible mantener una política de cierre de brechas en infraestructura de salud con ocho ministros en tres años. No se puede sostener una política de salud estable de esta manera”, señaló.

Ante toda esta problemática, el titular de la Asociación de Contribuyentes del Perú consideró que se necesita integrar los servicios de salud que existen en el sector público y privado. La propuesta de Beteta es que “el sistema de salud debería ser uno solo”.

“En Perú, el que va al Estado no va al privado, el que va al privado no va al Estado; si pagas Essalud, no puedes ir a los hospitales del SIS y si estás afiliado al SIS, no vas a los hospitales de Essalud. Antes que estar construyendo más infraestructura, se debe priorizar la integración del sistema, utilizar todas las redes”, dijo.

Una suerte de piloto de esta idea es lo que ocurrió durante los primeros meses de la pandemia, cuando el Estado firmó contratos con las clínicas privadas para que atiendan a los pacientes COVID-19 a cambio de un pago único.

“Este modelo se puede replicar para todo el servicio de salud. Un privado se va a preocupar en atender de la mejor manera posible a un paciente que venga del Estado para rentabilizar mejor el dinero que cobra por su atención. Le va a convenir que no vuelva a necesitar los servicios”, comentó.

En suma, la infraestructura y los servicios de salud en el Perú necesitan urgentemente ser atendidos por el Estado. El coronavirus nos ha mostrado las consecuencias del abandono de este vital sector.