Los medios de comunicación del país están obligados a participar de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Así lo establece la Ley N° 32351, promulgada por el Congreso y difundida este martes en El Peruano.
Las autoridades continúan la búsqueda de Jean Carlos Montero Huaylinos, el segundo técnico implicado en el caso.
La norma modifica el artículo 46 de la Ley 30364, e introduce disposiciones para que los medios garanticen un enfoque de respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las víctimas de violencia. También exige especial cuidado en el tratamiento gráfico de los contenidos que aborden estos casos.
Uno de los principales cambios es la obligación de ceder, de forma gratuita, el 10 % de su programación durante el horario de protección familiar a instituciones públicas del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia. La llamada 'franja educativa' rige para los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y de cualquier otra modalidad sean públicos o privados.
Llama la atención esta disposición cuando los medios de comunicación informan de manera constante sobre la violencia contra la mujer y la falta de acción por parte del Estado para abordar esta situación.
El Ejecutivo tiene un plazo de 30 días calendario para adecuar el reglamento y el Texto Único Ordenado de la Ley 30364, con base en esta reciente modificación. El objetivo es asegurar su efectiva implementación y coherencia legal.
Puedes revisar la norma aquí.
UNA INTERFERENCIA DIRECTA EN LA LIBERTAD DE PRENSA
La Ley 32351 es una peligrosa puerta trasera disfrazada de buena voluntad. Aunque el objetivo que persigue —prevenir la violencia contra mujeres y familias— es legítimo y necesario, imponer una franja educativa del 10% en todos los medios, incluyendo los escritos y digitales, constituye una interferencia directa en la libertad de prensa.
Así lo advirtió a Perú21 Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
“El fin puede ser legítimo, pero las imposiciones son siempre incompatibles con la libertad de prensa. Esta modificatoria es una injerencia directa en los medios privados, disfrazada de causa noble", opinó Lainez.
“Reitero, el fin puede ser legítimo, pero las imposiciones son siempre incompatibles con la libertad de prensa, y esto es una injerencia directa en los medios privados escudado en un fin legítimo que se puede compartir, pero que termina siendo atentatorio a la independencia y autonomía de los medios de comunicación", dijo a este diario.
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