Mineros ilegales atacan campamento de exploración en Apurímac

Este nuevo atentado contra la propiedad privada habría sido ejecutado por un grupo de mineros ilegales que forman parte del grupo “Uchuro”. Luego de que ARES solicitó el apoyo a la comisaría de Totoro Oropeza, siete efectivos policiales se dirigieron al lugar para evidenciar lo ocurrido.

En camino al campamento, encontraron la carretera bloqueada por grandes rocas que obstaculizaban el tránsito vehicular. A su llegada al proyecto, que actualmente está en inactividad y no había reportado conflictos anteriormente, los efectivos policiales confirmaron que todos los ambientes del campamento, así como la garita de control de acceso, habían sido saqueados y quemados.

Como corresponde en un Estado de Derecho, ARES ha presentado las denuncias correspondientes ante la fiscalía e informado a las demás autoridades competentes como el MINEM, OEFA y OSINERGMIN.

ARES ha aclarado que no se trata de un conflicto social, sino de un acto ilícito que tiene como único objetivo tomar el control de las concesiones mineras del proyecto Azuca para realizar minería ilegal, lo cual constituye un grave riesgo para el medio ambiente y la seguridad de quienes explotan minerales sin los mínimos estándares.

Lamentablemente, este no es un hecho aislado, ya que durante los últimos meses se han identificado actos de violencia y vandalismo contra la actividad minera formal en varias partes del país, principalmente en zona sur.

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal está presente en más de 13 regiones del país, lo que no solo ocasiona pérdidas materiales y económicas para las empresas formales, sino que también pone en riesgo la vida de los peruanos aledaños a las zonas afectadas, y contamina los ecosistemas nacionales.

Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de estos hechos delictivos. Ciertamente es lamentable que se sigan permitiendo estos atropellos a la propiedad, en un país que necesita estabilidad para captar inversión privada en general, y minera en particular, permitiendo que la minería ilegal avance impunemente, causando daños ambientales y sociales.

Es hora de que el gobierno, que es el encargado de hacer respetar las normas y de velar por el respeto al Estado de Derecho, actúe con firmeza y tome las acciones necesarias para garantizar que las inversiones formales, que dan trabajo y beneficios al Estado por medio de los impuestos y que sí se preocupan por el medio ambiente y las condiciones para un trabajo seguro, puedan desarrollarse sin temor a ser objeto de atropellos como el ocurrido en el proyecto Azuca, así como en otros proyectos y minas en operación.