“Mira c***, te voy a dejar tirado así. Yo soy el que está llevando todo San Juan de Lurigancho. O quieres que mate a cualquiera de las profesoras. Por si acaso, los policías no están las 24 horas del día”. “(Llega a) una solución con nosotros porque, si no, le voy a dejar una granada en su colegio”. “Los tengo ubicados a todos, c***, tus movimientos, sitios a donde vas. Acá es práctico: plata o plomo. Quiero 20,000 soles por la tranquilidad y seguridad de todos y tu familia”.
Estos son algunos de los tantos y terribles mensajes extorsivos —que incluyen videos de ejecuciones a personas, hombres enseñando granadas de guerra y pistolas— que los promotores de 17 nidos y colegios privados de Lima Metropolitana vienen sufriendo desde hace meses y que han obligado, incluso, a que dos de estos centros educativos cierren por temor a que dueños, promotores o docentes sean asesinados.
“Les piden el pago de cupos según como ven la fachada del colegio. A algunos les exigen 50,000 soles mensuales, a otros 10,000 soles. Esta situación alarmante empezó a fines de noviembre del año pasado”, declara a Perú21 una vocera de la Asociación Representativa de Instituciones Educativas Privadas Aliadas del Perú (Ariepa), que agrupa 3,280 escuelas privadas a nivel nacional, 1,700 de ellas en la capital y el Callao.
“No todos los promotores de los colegios me han avisado de estas extorsiones, porque la policía les ha dicho que sean cautelosos, pero yo tengo conocimiento de que son 17. De ellos, dos han cerrado por miedo. En un nido detonaron un artefacto explosivo y una moto rondaba afuera todo el tiempo. La promotora ya no podía más y lo cerró. Lo cerró por el terror que sentía”, relata la vocera de Ariepa.
Hace menos de un mes, representantes de Ariepa y otras 11 asociaciones de colegios privados se reunieron con el ministro de Educación (Minedu), Morgan Quero, para ponerlo al tanto de la inseguridad que ronda en las escuelas particulares por las constantes amenazas extorsivas de organizaciones criminales, como La Batería del Loco Aroni.
Sin embargo, la vocera de la asociación revela que el alto funcionario “se negó a recibir el sobre manila con las pruebas fehacientes de lo que estamos viviendo”. “Le llevé un fajo de pruebas en el sobre, para que no piense que yo me estoy inventando, y no me lo recibió. La única que recogió (el sobre) fue la directora de gestión pedagógica”, afirmó.
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La asociación considera que uno de los factores que han favorecido la extorsión a los colegios particulares es la vigencia del artículo 11 del Decreto Supremo 005-2021, emitido en el contexto de la pandemia del coronavirus, que obliga a las escuelas privadas a socializar anualmente la información económica y financiera —ingresos y egresos por cobro de pensiones, y matrículas de los últimos cinco años— con los padres y las unidades de gestión educativa locales (UGEL). Por ello, ARIEPA ha pedido la derogación de la norma, pero hasta ahora el Minedu no ha mostrado interés en reevaluar esta norma.
Asimismo, este diario tuvo conocimiento de que sujetos vinculados a bandas extorsivas se han instalado en los exteriores de los colegios privados para cobrar cupos a las movilidades escolares o a los padres de familia que llegan a recoger a sus hijos. Los que no hacen caso o se niegan al pago solicitado, son filmados y fotografiados. Estos criminales actúan impunemente ante la ausencia de policías en las escuelas.
PROFESORES BAJO AMENAZA
Pero las instituciones educativas no solo están bajo el acecho del crimen organizado por el cobro de cupos, sino también los docentes de escuelas nacionales, quienes están siendo amenazados por alumnos de secundaria vinculados al hampa. “Profesora, a mí no me diga nada que yo conozco a gatilleros”, fue lo que le dijo un alumno de quinto de secundaria a una docente de un colegio estatal de La Molina, luego de que la maestra le llamó la atención por su mal comportamiento.
Desesperados, los padres de los alumnos del aula que fueron testigos del amedrentamiento a la docente se comunicaron con este diario para denunciar esta situación ante la nula acción de las autoridades correspondientes.
El exviceministro de Gestión Pedagógica Guillermo Molinari sostuvo que este caso y otros similares evidencian que “se ha perdido la autoridad y seguridad en las escuelas”.
“Se debe restablecer la Dirección de Orientación y Tutoría en el Minedu, que implemente un programa transversal en los colegios con el objetivo de devolver el orden y la autoridad en las escuelas”, finalizó Molinari.
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