Policías habrían abusado sexualmente de niñas en la comunidad Awajún, según exministra

Sasieta destacó la necesidad urgente de que el Ministerio de Defensa se involucre activamente en campañas contra el abuso sexual en comunidades indígenas.

Katherine Llanos Fajardo

Fecha Actualización

29/06/2024 - 14:20

La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, ha sacudido la opinión pública al revelar acusaciones de abuso infantil perpetrado por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en comunidades nativas, específicamente entre las niñas de la comunidad awajún. Estas graves acusaciones se suman a una serie de denuncias de abuso sexual que han emergido en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, durante los últimos 14 años.

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Sasieta destacó la necesidad urgente de que el Ministerio de Defensa se involucre activamente en campañas contra el abuso sexual en comunidades indígenas, proponiendo medidas concretas como el apoyo logístico para trasladar a las víctimas a evaluaciones médicas y psicológicas adecuadas.

“Hago un pedido al Mininter, puesto que hay delincuentes disfrazados de policías que han violado niñas en la comunidad awajún”. sostuvo en una entrevista realizada por Exitosa.

“Existe un portal especializado llamado Síseve, donde se pueden presentar denuncias por acoso de profesores, pero el seguimiento del Estado es insuficiente. Estructuralmente, involucrar al Ministerio de Salud y a Defensa es crucial”, afirmó Sasieta, criticando además declaraciones discriminatorias de ministros que no han abordado adecuadamente estas problemáticas.

Policías y mineros ilegales habrían abusado de niñas en la comunidad

Un informe reciente del programa dominical Punto Final ha sacudido a la comunidad awajún en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Según el reporte, además de los 533 casos de violación registrados por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), el Ministerio Público acumula al menos 888 denuncias, destacando a docentes, policías y mineros ilegales entre los agresores.

Muchas sobrevivientes enfrentan embarazos forzados y han contraído el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Bernabé Jima, un líder indígena, hizo un llamado desesperado: “Espero que escuche todo el Perú, no solo son profesores, sino efectivos policiales que abusan sexualmente de las mujeres indígenas. Confiamos en las autoridades para que hagan justicia, pero en lugar de eso, defienden al agresor”.

Dante Sejekam, otro líder awajún, denunció que los mineros ilegales ofrecen dinero a niñas de entre 13 y 15 años. “Las embarazan y luego las abandonan”, señaló. En medio de esta crisis, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) en la región dispone de apenas 300 soles para movilizarse y apoyar a las víctimas, quienes muchas veces cohabitan con sus agresores.

Las familias, sin recursos, se ven obligadas a aceptar dinero (hasta 500 soles) o parcelas para guardar silencio. Se conoció el caso de una menor agredida por su profesor desde los 10 años. Su abuela, con esfuerzo, la llevó a Bagua en busca de justicia, pero el agresor sigue libre en la misma comunidad.

El hospital más cercano con recursos adecuados para casos de agresión sexual se encuentra en Bagua, a siete horas de distancia. La legisladora Mery Infantes denunció que “los mismos promotores abusan de los niños. Y para que no los delaten, les pagan”.

Por otro lado, los líderes indígenas han dispuesto la construcción de calabozos rudimentarios para castigar a los agresores, pero la justicia formal parece distante y esquiva para la comunidad awajún. La docente Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció previamente que tres agresores detenidos se dieron a la fuga en una de las 200 comunidades awajún de Condorcanqui.

“Solo había un policía comunal, y nos dijo: ahí están los tres presos. Cuando fuimos a ver, el calabozo estaba vacío. Se habían escapado”, relató con indignación. La lideresa también reveló que una niña residente de Río Santiago, uno de los tres distritos que conforman la provincia junto con El Cenepa y Nieva, está forzada a gestar tras una violación y es poco probable que acceda al aborto terapéutico, a pesar de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) considera un embarazo forzado como tortura.

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