La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima, atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación peruano y afecta a miles de estudiantes, después de abusar y asesinar -los últimos tres años- a comerciantes, bandas musicales y transportistas principalmente.
La manifestación se desarrolló en la avenida Huáscar, donde los choferes, visiblemente afectados, recorrieron varias cuadras.
Su poder de intimidación desafía al impopular gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima -sin ningún efecto visible- con sus cuestionados e ineficientes estados de emergencia.
"A la fecha, tenemos (…) 500 colegios extorsionados a nivel nacional", señala a la agencia de noticias francesa AFP Giannina Miranda, presidenta del colectivo 'Educar con Libertad', que representa a los colegios amenazados en el Perú.
Julio Diaz Zulueta junto al comandante general de la PNP Víctor José Zanabria Angulo, llegaron hasta Compañía Minera Poderosa- Pataz.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó. Las bandas han impuesto el miedo en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron desde el anonimato.
"Es prácticamente como una pandemia, pero con armas", afirma un padre de familia de 40 años, tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima, que también fue víctima de los extorsionadores.
A las afueras, un grupo de cinco militares y policías vigilaban el ingreso de los alumnos.
Miedo e incertidumbre ante amenazas
En la primera semana de marzo, la institución que recibe a 1.200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no dejó víctimas, pero causó daños en la puerta principal y obligó a iniciar clases de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a los directores 100 mil soles (unos 27.000 dólares) para no atacarlos a ellos, a los profesores o a los alumnos, como ya ha ocurrido -lamentablemente- en otros distritos.
De acuerdo con testigos, dos sicarios fueron los que acabaron con la vida del trabajador.
Tras el atentado, llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno: "Ya exploté tu colegio y aún no me das solución", junto a siete balas, fusiles y pistolas que aparecen en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o "padre de familia dentro o fuera del colegio". Estos colegios pasaron a ser blanco de las bandas, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17 mil instituciones y 2,5 millones de estudiantes forman parte de la red privada. Ante tanto miedo y tensión, familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela.
Costo político del crimen organizado
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes, pero -como ya sucedió en algunos distritos- el crimen sigue avanzando.
Mientras se multiplican las protestas, la mandataria se hunde en las encuestas: un 93% de peruanos rechaza su mandato, según recientes encuestas, resultados que la ubican entre los presidentes más impopulares alrededor del mundo.
Según la Policía, en 2024, recibió 19.443 denuncias por este delito frente a las 22.294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo. Con información de AFP.
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