La designación de la apepista Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso ha encendido las alertas del Ministerio Público. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha iniciado una investigación preliminar por presunto delito de negociación incompatible, en relación con la contratación de esta militante del partido de César Acuña.
El titular del Legislativo precisó que no hay nada concreto aún, y sostuvo que de oficializarse pedido de autorización para viaje de la mandataria, este será evaluado por las bancadas.
La pesquisa busca esclarecer si Lozano habría accedido al cargo en condiciones que vulneran los principios de idoneidad y neutralidad política. Para ello, la Fiscalía ha solicitado al Congreso documentación clave sobre su incorporación, así como información oficial que respalde la creación y competencias del mencionado centro.
Lozano, de 36 años, es una activa militante de Alianza para el Progreso (APP) y, pese a contar solo con grado de bachiller en Derecho y no tener licenciatura ni maestría —según su propio perfil profesional—, percibe un salario de S/ 19,000 mensuales, cifra por encima de lo que se reciben otros funcionarios con puestos similares en la administración parlamentaria.
Su oficina, creada en octubre pasado supuestamente para convocar estudiantes a prácticas preprofesionales y en donde se luce un cuadro grnde de su líder partidario, servía —según un informe del programa Cuarto Poder— de lugar de reunión con alcaldes y funcionarios de su partido.
Consultado sobre el caso, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana afirmó que el Legislativo “colaborará plenamente” con las investigaciones.
"Como cualquier ciudadano el Congreso se someterá a las investigaciones y brindará todas las facilidades, entregará toda la documentación que es público conocimiento y estoy seguro de que al final se evidenciará que aquí no ha habido ninguna irregularidad, en todo caso el Ministerio Público tiene autonomía para hacer indagaciones”, aseguró.
Cuando le consultaron a Acuña sobre esta investigación fiscal a Lozano, dijo que el encargado de aprobar el perfil del trabajador parlamentario es el Congreso.
“Quien determina si una persona cumple con el perfil para ocupar un cargo en el Congreso es la oficina de Recursos Humanos. Si se entiende que cumple, entonces no hay cuestionamiento”, indicó el también gobernador regional de La Libertad.
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