Alfredo Torres: "Si la ley Mulder procede, dañará la democracia"

“Ese proyecto no tiene un sustento lógico desde el punto de vista de las comunicaciones, su sustento es político. Los casos en los que una ley como esta se ha intentado aplicar, como en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, ha sido para debilitar a la prensa”.

Alvaro Reyes Quinteros

Fecha Actualización

24/08/2019 - 04:31

El presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres, hizo una serie de observaciones al proyecto del legislador Mauricio Mulder, que busca prohibir el anuncio público en medios privados. Aquí sus argumentos.

¿Qué falencias encuentra en la ley Mulder?
Contrariamente a lo que busca el proyecto del congresista, mi tesis es que los ministerios, y el Estado en general, deberían invertir más en los anuncios en medios masivos para poder informar mejor a sus respectivos públicos. La mayor parte de ciudadanos se informa desde la televisión, la radio y los diarios. Las redes sociales tienen un uso complementario, más para fines sociales que informativos y, en todo caso, la gente que las usa lo hace para seguir temas de su interés.

Es decir, ¿las entidades no podrían llegar a informar a su público si solo comunican desde redes sociales?
Así es. Por ejemplo, los ministerios de Salud o Educación pueden tener Facebook, Twitter o YouTube, e incluso un número alto de seguidores, pero eso no se traduce en engagement, en un compromiso de los usuarios. Los sistemas de estas redes sociales se basan en algoritmos para que uno vea con más frecuencia lo que más le interesa y hace que uno no vea determinada información. Las campañas públicas que se lanzan en las redes tienen muy poco impacto, son de interés social y están dirigidas a sectores populares, que son los que consumen más medios masivos.

¿El Estado podría estar autocensurándose de proceder el proyecto?
El Estado está perjudicando a los ciudadanos, que son los que deberían recibir información bien diseñada, creativa y bien comunicada, que motive a que se cambien ciertas conductas. Además, si se quiere hacer una campaña fuerte en redes sociales, hay que pagar, porque si quieres que tu anuncio llegue a tu público, debes pagar a los dueños de la red social. ¿Eso estaría también prohibido por la ley Mulder o solo cuando se trata de contratar a los medios nacionales? Eso debe quedar claro.

¿En las redes sociales se encuentra el público al que apuntan los distintos ministerios o sectores?
No siempre. Tú o yo podemos tener Facebook, pero si el Ministerio de Salud quiere que veamos su campaña contra la varicela, necesita pagar a Facebook para que lo ponga como anuncio y llegue a todos; si no es así, la información solo la recibirán las personas que frecuentan la página del Minsa, que probablemente sean solo los empleados del ministerio.

Pero habrá momentos en los que las entidades querrán llegar a la gente que no usa las redes permanentemente.
Así es. Ahora, las redes sociales han llegado más a la juventud que a la gente mayor, mucho más en las clases medias y mucho menos en las zonas más pobres. Eventualmente, en unos cuantos años, las redes serán universales como los celulares. El problema es que por más que sean universales, eso no quiere decir que todos los que tenemos cuentas en Facebook o Twitter estamos recibiendo la información que nos quiere brindar el Estado.

El proyecto tendría algunas modificaciones para que el Estado anuncie en medios privados en casos extraordinarios. ¿Es suficiente?
Por supuesto que no. La principal tarea del Estado tiene que ver con la atención a los sectores minoritarios, desde los ministerios de Salud, Educación, de la Mujer, no veo por qué se deba impedir que estas instancias comuniquen. Todos deben comunicarse con la población en determinadas circunstancias.

¿Por qué escoger los sectores y los momentos para difundir?
Esa es una observación. ¿Por qué escoger promover el turismo y no las campañas del Ministerio del Interior para proteger a los niños del maltrato infantil o a las mujeres del riesgo de violación? Hay una serie de temas que son necesarios comunicar a la ciudadanía para que cambie de actitudes, para formarla.

Lo que tácitamente exige la ley Mulder es que el Estado debe ser un comunicador excepcional. ¿Está en condiciones de divulgar información sin necesitar a los medios masivos?
Lo que pasa es que este proyecto no tiene un sustento lógico desde el punto de vista de las comunicaciones, su sustento es político. Los casos en los que una ley como esta se ha intentado aplicar, como en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, ha sido para debilitar a la prensa. Hay la sospecha sustentada de que el objetivo de la ley Mulder es el mismo y su motivación está en la percepción de un sector del Apra y del fujimorismo de que la prensa, mayoritariamente, es caviar y lo que hace es dañarlos. Esto es una reacción política, de demostrar fuerza, si es que esto es solo un gesto o eventualmente es un acto de venganza porque sí afecta a la prensa.

¿La propuesta del parlamentario es antidemocrática?
No lo diría así, pero sí me parece que tiene dos consecuencias negativas. La primera es sobre la ciudadanía, que va a estar menos informada, especialmente los más pobres que no tiene redes sociales. La segunda es sobre la prensa, que sí me parece un factor muy importante de la democracia porque al tener menores ingresos, los medios tendrán que reducir costos, personal y salarios.

¿El objetivo de Mulder es contraatacar a la prensa que denunció irregularidades del gobierno aprista y que es opositora?
Ese es el objetivo político del congresista. Yo espero que esto sea solo un gesto. Creo que para Mulder la prensa está muy sesgada, su propuesta puede ser un llamado para que el periodismo sea más independiente, que no haya tanto antiaprismo en algunos medios. Pero si este proyecto llega hasta el final, se convertirá en un acto que daña la democracia, que debilita a la prensa y reduce el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.

AUTOFICHA

* “Soy licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad del Pacífico y tengo una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford. He sido director del CADE 2016 y gerente de la División de Opinión y Mercado en Apoyo. Soy presidente de Ipsos Perú desde 1997”.

* “Es una enorme pretensión suponer que a través de una ley uno puede determinar a priori en qué temas se puede anunciar y en cuáles no, todas las entidades del Estado tienen derecho a anunciar en sus ámbitos, no solo en las que se les ocurre a los legisladores en este momento”.

* “Las campañas son ideadas a partir del público al que se quiere llegar y se debe atacar por radio, televisión y en redes sociales. No se trata de trabajar solo con una fuente. Quizá si eres de la Superintendencia de Bancos sea suficiente con anuncios en el periódico, pero si eres la Sunedu, te servirá por redes y radio”.

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