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La persecución contra los medios de comunicación en los 13 años de la gestión de Evo Morales

El exmandatario boliviano se encuentra en nuestro país desde días antes de que el presidente Pedro Castillo asuma el mando y hasta hoy es tratado como un ‘ilustre’ invitado, que incluso goza de resguardo policial y transporte por orden de la Cancillería.

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Fecha Actualización
Actualización: La Superintendencia Nacional de Migraciones ordenó, este lunes 9 de enero de 2022, el “impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio” al expresidente boliviano Evo Morales y ocho ciudadanos más, debido a la continua injerencia política de Morales en la gestión peruana.
NOTA ORIGINAL
“El Estado no se tiene que meter en lo que publican los periódicos salvo que en algún momento dado publiquen injurias, calumnias, falsedades demostrables”, ya lo dijo el reconocido periodista Miguel Ángel Bastenier, quien ya había identificado la difícil situación de la libertad de expresión en toda América Latina.
En un país donde se respeta la democracia, la libertad de expresión debe primar para informar a la sociedad de las acciones gubernamentales. Desde que el presidente Pedro Castillo asumió el mando, el trabajo de los medios de comunicación se ha visto limitado. Las directas críticas y evidente rechazo del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la prohibición de la cobertura de actividades oficiales, el intrigante silencio desde Palacio de Gobierno y, por ende, del mandatario son algunos ejemplos.
Quien sí es del extremo agrado del gobierno y, sobre todo, de los hombres fuertes de Perú Libre, como el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón y el congresista Guillermo Bermejo, es Evo Morales, quien se encuentra en nuestro país desde antes de la toma de mando de Pedro Castillo. El expresidente de Bolivia se desplaza por Lima, con resguardo policial y movilidad por orden de la Cancillería, para realizar proselitismo político a favor de una Asamblea Plurinacional, promovida desde que Castillo era candidato. Incluso, el último miércoles apadrinó el nacimiento de un partido del Conare-Movadef.
Cercanías preocupantes
La presencia del exmandatario boliviano y su cercanía con el gobierno podría resultar llamativa, si se considera la injerencia que podría tener con las autoridades peruanas. La poca afinidad con la prensa es una característica que ha primado en el gobierno de casi 13 años y 10 meses de Morales, un periodo casi tan largo como el del fallecido Hugo Chávez, quien dejó en el poder a Nicolás Maduro y ha dejado hundido en caos, zozobra y limitación de la libertad a Venezuela.
Desde su primer gobierno, Evo Morales no consideró con simpatía a los medios de comunicación de su país. En una entrevista del 2013 con el diario boliviano El Deber, Morales contó que, cuando fue elegido por primera vez, en 2005 entre el 80% y el 90% de los medios de comunicación estaban en su contra. “Ahora, es sólo el 10 o el 20 por ciento en la oposición”, fue la afirmación que cita Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El ataque contra los medios de comunicación se dio desde las instituciones del gobierno boliviano. En setiembre de 2014, la entonces ministra de comunicaciones, Amanda Dávila, tuvo comentarios ofensivos contra el periodista, nacido en Chile, Raúl Peñaranda, autor de un libro Control Remoto, donde analizó los esfuerzos del gobierno para apoderarse de la línea informativa de los medios de comunicación independientes.
“El gobierno estaba muy molesto conmigo y la única forma en que podían tratar de desacreditarme era decir que era pro-chileno”, dijo el periodista en una entrevista con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
El libro de Peñaranda es un “estudio en profundidad de cómo el gobierno de izquierda del presidente Evo Morales ha llevado a cabo una campaña silenciosa para ganarse el apoyo editorial de varias televisoras y periódicos a través de su compra por parte de empresarios amigos del gobierno”, resalta RSF.
Además, acusa al gobierno de intimidar a los medios críticos con amenazas, seguimiento y la regulación de publicidad estatal en los espacios informativos. Cabe precisar que el titular de la PCM, Guido Bellido, aseguró que establecerán “nuevas medidas” desde el gobierno para la publicidad en medios de comunicación con el objetivo, según dijo, es “descentralizar” los recursos.
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Cambio de ángulo
El diario boliviano La Razón se mostró crítico durante los primeros años de Morales en el Poder. Según Control Remoto se debe a “una serie de inspecciones laborales y auditorías fiscales diseñadas para intimidar a sus dueños”. La Razón fue vendida a Carlos Gill en 2008, un empresario venezolano amigo de los gobiernos de Nicolás Maduro y Morales, reseña El País de España.
Ya para el 2015, poco antes de iniciar un nuevo mandato, el gobierno de Morales lanzó advertencias a los medios de comunicación. Esto generó las críticas de los espacios informativos independientes, quienes acusaron que “la propaganda estatal se concede a los medios por razones políticas”.
En agosto de ese año, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera fue directo y dijo que los medios que “hacen política”, “mienten”, “nos dicen de todo” no recibirían publicidad estatal. Según El País, el exfuncionario cuestionó que no se debía dar “más plata a Samuel Doria Medina, que ya tiene suficiente”. Doria Media fue el principal candidato opositor de las elecciones de 2014.
Entonces, Morales cuestionó que los noticieros le daban “excesiva voz” a sus críticos. Similares declaraciones tuvo el premier Guido Bellido durante una entrevista con el medio extranjero Biz Republic.
“No estamos en contra de los medios de comunicación, en absoluto, pero lo que sí es importante, por principio, (es que) hay que manejar la ética periodista y no degradarla porque sí hay medios de comunicación que vienen haciendo eso”, dijo al ser consultado sobre las críticas de los opositores al gobierno, de los que han hecho eco los medios de comunicación.
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Crisis hasta su salida
Luego de intentar permanecer en el gobierno de Bolivia por cinco años más, Evo Morales renunció el 20 de octubre de 2019, en medio de unas cuestionables elecciones presidenciales.
En octubre de ese año, los periodistas que cubrían lo ocurrido fueron víctimas de agresiones e intimidación. Incluso, cuatro de ellos tuvieron que suspender sus transmisiones. “Instamos a todos los bolivianos a respetar el derecho de la prensa a trabajar con seguridad y sin interferencia con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía”, exhortó Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Durante la primera semana de noviembre, cuando Janine Añaez ya había asumido el poder en medio del caos social y político boliviano, manifestantes antigubernamentales irrumpieron en la sede de Bolivia TV y Radio Patria Nueva, medios informativos estatales, y los obligaron a suspender temporalmente sus transmisiones y evacuar a sus trabajadores. El diario Página Siete y los canales privados Televisión Universitaria (TVU) y Red UNO también fueron amenazados y suspendieron sus transmisiones.
En ese mismo año, la reconocida periodista Amalia Pando dijo que desde el gobierno fue vetada en las principales emisoras y canales de televisión. Ante esta situación tuvo que ingeniárselas para informar a través de redes sociales y ha mantenido sus ingresos a través de donaciones.
La misma suerte han corrido periodistas independientes bolivianos, quienes han debido dejar su trabajo en un medio de comunicación para continuar informando desde sus tribunas en medio de amenazas e intimidación.
Tras su perpetuación, por más de dos décadas, Evo Morales dejó el poder con los principales medios informativos a su favor o con una línea editorial favorable a su gobierno.
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