Aníbal Torres renunció al premierato tras fracasar su cuestión de confianza

Pero el estrepitoso fracaso de Torres en ambas gestiones no habría sido el único factor determinante para su salida. Su temperamento inestable y su discurso plagado de exabruptos, insultos, frases destempladas y confrontación le quitaron el respaldo incluso de sectores afines al gobierno. Ayer mismo, apenas conocida la decisión del Parlamento, legisladores de los diferentes bloques oficialistas reclamaron su salida. “(Lo ocurrido) debe servir para que el presidente convoque a un nuevo gabinete que no sea de loquitos termocéfalos”, demandó Edgar Tello del Bloque Magisterial. Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, por su parte, criticó la presentación de la cuestión de confianza. “Estamos en crisis política y económica, las cosas no están para bromas”, subrayó.

Quizás a sabiendas de ello y previendo este revés, Torres anticipó hace una semana, desde la región San Martín, que si el Congreso no derogaba la ley del referéndum –que ahora está validada por el TC– él renunciaría “por el bien del pueblo”. Al final, lo hizo, y ahora la discusión política se orienta a quién será su reemplazante. En la baraja está el titular de Trabajo, Alejandro Salas, incondicional vocero y defensor del gobierno de Castillo, pero también el del congresista Guillermo Bermejo, quien ya antes había señalado que fue invitado al premierato por el profesor de Chota y cuyos asesores Ronald Atencio y Raúl Noblecilla llegaron anoche a Palacio de Gobierno.

Tras una sesión del Consejo de Ministros, el jefe de Estado –en un mensaje a la Nación– dijo que había aceptado la renuncia de Aníbal Torres y que renovará el gabinete tras “un rehusamiento expreso de la confianza”.

Este desenlace tuvo como precedente la decisión de la Mesa Directiva del Congreso –que preside José Williams– de “rechazar de plano” la petición del Ejecutivo que apuntaba a allanar el camino para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Una semana atrás, en el hemiciclo, como se recordará, Torres planteó una cuestión de confianza sobre un proyecto del Ejecutivo que propone derogar la Ley Nº 31399, que dio el Congreso para regular el uso del referéndum para cambios a la Constitución. Incluso, anticipó que si la respuesta congresal era adversa, el gobierno lo interpretaría como un rehusamiento de la confianza. Con esta afirmación no hizo sino reavivar la discusión sobre un eventual cierre del Legislativo.

En su exposición ante el Pleno, Williams sustentó el acuerdo de la Mesa adoptado por mayoría –Digna Calle, de Podemos Perú, votó en contra–. Precisó que este “excede el marco constitucional y legal” y constituye una “vulneración de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso así como una grave amenaza contra el principio de separación y equilibrio de poderes”. “Hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza”, concluyó.

Con un tenor similar pero en otro escenario, el Tribunal Constitucional declaró infundada, por mayoría, la demanda interpuesta por el Ejecutivo contra la Ley Nº 31399, la misma que buscaba derogar a través de un proyecto sacado debajo la manga y que presentó casi en simultáneo a la presentación de la cuestión de confianza.

En tanto, en medio de un convulsionado escenario político, la Comisión Permanente le otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que elabore su informe sobre la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal.

Al mandatario también se le atribuyen otros delitos como tráfico de influencias y colusión agravada. Las investigaciones alcanzan también a los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva.

Por otro lado, la Comisión Permanente devolvió a la Subcomisión el informe final sobre la denuncia contra Castillo por traición a la patria tras el fallo del Tribunal Constitucional.