Contundente demanda de la población. El 71% de la ciudadanía piensa que el partido político A.N.T.A.U.R.O (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), que pretende postular a la Presidencia de la República al exconvicto y asesino de cuatro policías Antauro Humala, debe ser excluido del proceso electoral de 2026 por ser “antidemocrático y peligroso”. Así lo revela la encuesta de Ipsos para Perú21.
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Humala, condenado a 19 años de cárcel efectiva a inicios de 2005 por el caso Andahuaylazo al confirmarse que cometió los delitos de homicidio, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, en julio de 2022 obtuvo increíblemente su libertad accediendo a una redención de un día de libertad de la pena por 7 días de trabajo y educación, con lo cual abandonó el penal de máxima seguridad Ancón II restándole por cumplir 1 año y 7 meses.
Hoy, busca ser candidato presidencial con un mensaje antidemocrático, inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. Su agrupación política logró su inscripción oficial en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 12 de diciembre de 2023. Sin embargo, el congresista Alejandro Muñante presentó un pedido ante el JNE y, posteriormente, ante la Fiscalía de la Nación para declarar su ilegalidad por realizar “actividades antidemocráticas” que “vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales”. Ello, sobre la base de las constantes declaraciones de Humala de querer fusilar a propios y extraños, incluido su hermano, el expresidente Ollanta Humala, y de sostener un discurso discriminatorio y violento contra algunas minorías.
La Fiscalía hizo suyo el pedido al advertir un “discurso violento, un discurso de odio, un discurso discriminatorio, el que constituye el verdadero proyecto político de esta agrupación” y formuló el requerimiento ante el Poder Judicial, que dejó al voto la decisión el 14 de octubre, es decir, hace exactamente dos semanas.
En la audiencia de ese día, el fiscal supremo Hernán Mendoza desbarató los argumentos de otros militantes de A.N.T.A.U.R.O., quienes sostienen que las declaraciones del condenado son a título personal. Mendoza explicó que Antauro Humala no solo es un militante de esa agrupación política, sino que es “un dirigente de facto”, que es el líder fundador e histórico de ese partido, por más que solo figure como militante.
Tras señalar que ese partido “es un peligro” para el país, el fiscal Mendoza dijo que “una prueba” de que Antauro mueve los hilos del partido es su intervención en la escuela política de esa agrupación; “Él es quien da las directivas”.
Mientras se espera el fallo, además, el 86% de la ciudadanía indica en la presente encuesta que debería prohibirse que una persona que fue condenada por secuestro y asesinato de policías, como es el caso de Antauro Humala, pueda postular a la máxima magistratura del país, aunque haya cumplido su condena. Los números son irrefutables.
DEBE VETARSE
Al respecto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga mencionó que, aunque toda persona tiene derecho a participar en el sistema democrático, “todo derecho fundamental tiene restricciones”.
En ese sentido, y al comentar la encuesta de Ipsos, manifestó a Perú21 que “para poder ser candidato, hay que cumplir con los requisitos de la ley, y uno de ellos es que la organización no pueda ser antidemocrática”. Por lo tanto, añadió, “es absolutamente válido y constitucional que la ley restrinja la participación de movimientos políticos que en el fondo son contrarios al sistema democrático”.
Quiroga sostuvo que “no resulta plausible para la democracia que una persona que ha sido condenada por un delito grave, más aún si es por corrupción, homicidio o asesinato, sea un líder político. Eso es algo completamente contradictorio”.
Similar es la postura de Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. En diálogo con este diario, recordó que en Alemania, España y Turquía hay precedentes de vetos a organizaciones políticas contrarias a los principios y valores del sistema democrático.
Dijo que, en su momento, el JNE “tuvo la oportunidad” de hacer lo propio, “habida cuenta de que el acrónimo A.N.T.A.U.R.O. es sinónimo de rebelión y de asesinato de miembros del orden constitucional”, y lamentó que le hayan otorgado la inscripción.
“El señor Humala declara que va a aplicar extrajudicialmente la pena de muerte, que va a destruir la Constitución del 93 y, sobre todo, a lo largo y ancho del territorio, fomenta el odio de clases e inspira a la violencia. Su peregrinaje preelectoral demuestra su conducta”, sostuvo.
Señaló que Humala “ha manifestado su total desprecio a ciertas reglas básicas para la convivencia, como es el respeto a la vida o la libertad de las personas”. Por ello, dijo que “reglamentariamente, sin que eso signifique un menoscabo a la Constitución, se pueden establecer reglas restrictivas” en su contra. “Que se admita su participación, o no, será un debate político, pero no constitucional”, finalizó.
TENGA EN CUENTA
Pedido fiscal. El pedido fiscal para declarar la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. fue formulado por Juan Carlos Villena, quien era el fiscal de la Nación en ejercicio en aquel momento.
Evaluación. Quien evalúa el pedido es la Sala Constitucional de Derecho Constitucional Social y Permanente de la Corte Suprema, conformada por cinco miembros y presidida por Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana.
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