Los penales en el país no solo sufren situaciones de hacinamiento. También son focos del accionar criminal, pues los delincuentes suelen operar desde los recintos carcelarios. Desde estos lugares se disponen asesinatos y extorsiones.
En medio de la ola criminal que vive el país, el gobierno dispuso hoy modificar el Decreto Legislativo Nº 1328, norma que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con la finalidad de reestructurar orgánicamente la alta dirección del ente rector de las cárceles y "establecer medidas que fortalezcan la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria".
En la víspera, Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció la medida, la cual se aprobó en la última sesión del Consejo de Ministros.
“Después de mucho tiempo el gobierno tomó el toro por las astas y ha dispuesto una política pública sería y sostenida en materia penitenciaria”, expresó Arana.
El ministro consideró que, con estas normas “vamos a tener el control del 100% de las llamadas tanto de dentro como hacia afuera de los centros penitenciarios”.
Esto se suma a la emisión de normas relacionas a la vigilancia electrónica y la evaluación semestral de las prisiones preventivas ordenadas por el Poder Judicial. Con ello se busca erradicar el hacinamiento en los penales y se contribuirá a la lucha contra la criminalidad organizada.
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