Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que concluyen en acusar constitucionalmente al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y juez supremo Jorge Luis Salas Arenas como presunto investigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Roberto Burneo se pronunció sobre el proyecto de ley que busca que se difundan encuestas 24 horas antes de las elecciones.
El informe final fue sustentado por la titular de la subcomisión María Acuña y el congresista delegado Héctor Ventura, y fue aprobado por 13 votos, seis congresistas se pronunciaron en contra y hubo tres abstenciones.
En la argumentación del documento ante la Comisión Permanente, Ventura sostuvo que el extitular del JNE solicitó en noviembre de 2017 al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos la contratación de su ex secretario Pavel Vladimir Cárdenas Peña.
Salas, indicó, se comunicó con el entonces juez Walter Ríos —posteriormente vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— con el fin de que contrate a Cárdenas y lo ayude en sus temas académicos.
Según ha declarado Ríos ante el Ministerio Público, el pedido de Salas lo asumió como una orden proveniente de un juez supremo que además era su superior.
Reseñó que incluso en la comunicación, quien fuera titular del Jurado le señaló que Cárdenas vivía cerca del Callao por lo que se iba a ahorrar movilidad y tiempo pues estaba en proceso de elaboración de su tesis de maestría.
En ese contexto, Cárdenas fue finalmente contratado para trabajar en la sede de Santa Rosa de la Corte Superior de Justicia del Callao.
La Comisión Permanente acordó también nombrar una subcomisión acusadora que estará integrada por los congresistas María Acuña y Héctor Ventura para que sustenten ante el informe y formulen acusación en su nombre ante el Pleno.
Toca ahora que el Consejo Directivo del Parlamento fije fecha y hora para este trámite así como las reglas a ser aplicadas en el debate de acusación constitucional que deberá tener prioridad en la agenda de la respectiva sesión, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Congreso.
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