El Pleno del Congreso aprobó con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de resolución legislativa por el que se inhabilita por diez años al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú.
Luego que el pasado 30 de abril el Parlamento no llegara a los votos requeridos para inhabilitar al expresidente, consiguiendo en ese momento 61 votos a favor, 12 en contra y ocho abstenciones, se optó por una reconsideración.
Comunicado del partido informa el respaldo al trabajo del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos.
Esta sería la tercera inhabilitación en contra de Viscarra, siendo las otras dos por el caso Vacunagate y por haber asumido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sin haber renunciado a su empresa familiar.
El articulo 134 de la Constitución Política del Perú es el que establece la facultad del presidente de disolver el Congreso de la República en el caso específico de "si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros en los que por mandato constitucional esté obligado a dimitir".
Como se sabe, el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso tras la denominada "denegación fáctica" que argumentó para justificar dicho movimiento político el pasado 30 de septiembre de 2019.
INHABILITADO POR TERCERA VEZ
El expresidente Vizcarra ya fue inhabilitado dos veces. La primera fue en abril de 2021, cuando el Congreso lo sancionó por diez años por el escándalo del Vacunagate. En plena pandemia, el entonces mandatario se aplicó dosis adicionales de Sinopharm sin informar al país, beneficiando también a su esposa Maribel Díaz y a su hermano César.
Por el mismo hecho, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete también fueron sancionadas.
Un año después, en mayo de 2022, el Congreso aprobó una segunda inhabilitación por cinco años por el caso Obraínsa. Se le reprochó no haber renunciado a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra mientras ejercía como ministro de Transportes, lo que violaría la prohibición de intervenir en negocios privados desde la función pública.
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