“No toque nada”, le susurró un fiscal a un agente de la Diviac. Ambos acababan de ingresar a una casa en el asentamiento Sarita Colonia, en el Callao, donde vivía el cabecilla de Los Rápidos y Elegantes, una organización criminal que se dedicaba al robo de camiones que salen del primer puerto.
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La Policía llevaba meses investigando cómo la banda, en cuestión de minutos, secuestraba furgones que transportaban autopartes y equipos tecnológicos valorizados en cientos de miles de dólares.
Meses de investigación se fueron al tacho. El pasado 10 de septiembre, la Diviac y la Fiscalía de Crimen Organizado obtuvieron la orden judicial para allanar y registrar la vivienda de Jesús Montes Lipe, un sujeto de 32 años encargado de coordinar el desplazamiento de seis vehículos y una moto lineal que interceptaban a los camiones en plena carretera.
Sin embargo, cuando las autoridades se encontraban en la puerta de la casa de Montes, el allanamiento se frustró por una norma perulibrista que acaba de estrenarse. Esta exige, ahora, la presencia del investigado y de un abogado privado o de oficio para iniciar el registro y la incautación de inmuebles.
¿El resultado de la ley? Dos de los cinco delincuentes de Los Rápidos y Elegantes se dieron a la fuga durante el operativo. Los otros tres se acordaron de la ley y pidieron la presencia de un defensor público, quien llegó al lugar horas después para recién iniciar la diligencia.
“No llegaban los abogados. Dejé todo. No podíamos hacer nada”, relató un oficial de la Diviac a este diario.
“Da impotencia saber que no tienes las herramientas legales. Cuando el Estado te las debe dar, lo que hace es atarte las manos”, lamentó.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, explicó a Perú21 que esperar la llegada del abogado de turno al lugar de los hechos, no solo retrasa la investigación, sino que facilita que los delincuentes puedan deshacerse de las evidencias.
“El allanamiento tiene por naturaleza la sorpresa con la finalidad justamente de que la Policía y los fiscales puedan acopiar evidencias. Para eso, se necesita hacer un registro inmediatamente después que uno ingresa al inmueble”, dijo Chávez.
“En ningún país del mundo se exige para este tipo de diligencias la presencia del abogado, justamente porque debe haber un factor sorpresa”, acotó el fiscal.
ESCASEZ DE DEFENSORES
La nueva legislación ordena al Estado proporcionarle al investigado —de no contar con uno propio— un abogado de oficio. El problema es que hay un déficit de defensores públicos a nivel nacional (ver entrevista).
No obstante, el director de Defensa Pública del Ministerio de Justicia (Minjus), Walter Martínez, negó que la escasez de abogados de oficio sea un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado.
Los defensores vienen rechazando trabajar turnos permanentes o durante los fines de semana y feriados. Perú21 corroboró esta información con el abogado Juan Cortez, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública, quien admitió que, en algunas ocasiones, le piden a la Policía o Fiscalía cubrir o coordinar su movilidad a las diligencias por falta de servicios de taxi en la madrugada.
Según Walter Martínez, los defensores públicos actualmente trabajan de 8:30 a 4:30 p.m.
Sin embargo, como ya lo han explicado las autoridades de la Fiscalía y la Policía, los allanamientos no se realizan en horarios de oficina ni exclusivamente de lunes a viernes. El factor sorpresa es clave.
Fuentes de la Diviac consultadas señalan que estas diligencias se realizaban usualmente a las tres de la mañana para evitar que los vecinos se levanten y asegurarse de que los delincuentes estén durmiendo y no se fuguen.
Pero a raíz de la poca disponibilidad de los abogados en las madrugadas, los allanamientos ahora comienzan alrededor de las cinco de la mañana, cuando ya los vecinos inician sus actividades.
La falta de defensores públicos en el país y la falta de turnos de noche y madrugada establecidos, no solo ponen en riesgo la efectividad de los allanamientos, sino que también perjudican a personas inocentes con pocos recursos que no pueden contratar un abogado privado y pueden estar en indefensión durante varias horas.
LOS AUTORES
Quienes propusieron e impulsaron esta ley —Waldemar Cerrón y Américo Gonza—, ¿no pensaron en sus implicancias en los megaoperativos para desarticular organizaciones criminales?
Quizás sí, pues parece una norma hecha a la medida de los intereses de los parlamentarios de Perú Libre y su entorno. Los hermanos Cerrón, por ejemplo, sindicados de pertenecer a Los Dinámicos del Centro, buscan librarse de la investigación acogiéndose a esta nueva ley —que también modificó los criterios de calificación de organización criminal—. De hecho ya presentaron un recurso con ese fin, que fue rechazado en un inicio.
Américo Gonza, por su parte, es señalado por la Fiscalía como uno de los principales involucrados en los irregulares ascensos de generales en la Policía durante el gobierno de Pedro Castillo.
Razones les sobran a ambos para defender la nueva norma. Quizás, por eso, no consideraron que en una diligencia contra el crimen organizado se pueden allanar de 30 a 40 inmuebles a la misma hora, como reveló el fiscal Chávez Cotrina. En ese sentido, explicó que se necesitaría la misma cantidad de abogados presentes al momento del registro de inmuebles.
“Lo cual no es humanamente posible porque la Defensoría Pública no tiene la cantidad de abogados para que estén con los fiscales y la Policía en horas de la madrugada”, aseveró.
La nueva reforma, que cambia las reglas del juego para luchar contra la criminalidad, fortalece la impunidad en el país. ¿Qué razones tendría la delincuencia para no votar por congresistas como Cerrón y Gonza?
ENTREVISTA A WALTER MARTÍNEZ, DIRECTOR DE DEFENSA DEL MINJUS
¿Cuántos defensores públicos hay en el país?
Contamos con un equipo de cerca de 2,090 defensores públicos. Tenemos defensores públicos de asistencia legal, de defensa de víctimas y penales. Los penales son aproximadamente 1,200 defensores. Cerca del 50% están en Lima.
¿Cuál es su horario de trabajo?
El horario de los trabajadores del Ministerio de Justicia es de 8 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes. Pero, por la naturaleza del servicio que presta la Defensa Pública, tenemos que atender diligencias fuera de este horario.
¿Qué sucede en un allanamiento?
Hay que distinguir tres etapas: el allanamiento, el registro y la imputación. La norma no señala que tenga que estar el abogado privado o de oficio para que se realice el allanamiento, que es el ingreso al domicilio. La Policía y el Ministerio Público pueden ingresar y disponer la inmovilización de los bienes, que no se manipulen, y esperar la llegada del defensor o abogado.
Mientras se espera la llegada del abogado, se pueden esconder evidencias o el investigado puede huir.
La función del abogado es estar presente en el registro de la incautación a fin de garantizar que no se cometan excesos. De ninguna manera con esta norma se están frustrando los allanamientos. Si se escapó una persona, no es responsabilidad del abogado, es responsabilidad de la Policía.
¿Qué pasa si se tienen que allanar 30 viviendas? No hay suficientes abogados.
No es necesario que haya un defensor público por cada inmueble. Existe una brecha de defensores pero eso no frena el allanamiento. La solución está en coordinar.
