Con sangre inocente derramada, parece al fin haber un consenso político para pedir la renuncia o la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
En las primeras horas de ayer, los reportes policiales daban cuenta del asesinato de Paul ‘El Ruso’ Flores (38 años), vocalista de la afamada orquesta de cumbia Armonía 10, a manos de extorsionadores que balearon el bus de la agrupación durante la madrugada, en el distrito de San Juan de Lurigancho, mientras se dirigía a un show artístico transitando por la Vía de Evitamiento, una de las autopistas de mayor afluencia vehicular en la capital.
Adrianzén aseguró que el crimen de Paul Flores, cantante de Armonía 10, no quedará impune.
El artista, junto con sus otros compañeros músicos, ya había librado un primer atentado en diciembre de 2024 cuando extorsionadores balearon por primera vez el bus, estacionado en la avenida Tomás Valle en el Callao, exigiendo el pago de S/20,000 para dejarlos trabajar.
Aquella vez hubo un gran susto, pero ninguna víctima. Durante los meses siguientes, los delincuentes continuaron actuando indiscriminadamente, producto de la inacción de las autoridades. Según la encuesta de Ipsos que publicó Perú21 el 12 de marzo, el 60% de los peruanos consideró que la inseguridad se agravó en el país desde que Santiváñez tomó las riendas de la cartera en mayo de 2024.
En el mismo estudio, el 83% de los peruanos creía que Santiváñez debería renunciar. En Lima el indicador llegaba a 86%.
“¿Hasta cuándo?”, es la pregunta que repitieron artistas de la talla de Daniela Darcourt lamentando el crimen. “¿Qué más tiene que pasar (para actuar)?”, les reclamó al Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público.
Los Hermanos Yaipén se sumaron a la indignación y señalaron que “la extorsión y la violencia nos acechan”, mientras que Corazón Serrano indicó que “estamos hartos de que día a día se nos amenace exigiendo exorbitantes sumas de dinero a cambio de no sufrir atentados o ser asesinados”.
El Grupo 5 exigió a las autoridades “que tomen acciones firmes para evitar que el país se siga desangrando” y Agua Marina lamentó que “el crimen avanza a pasos agigantados mientras las autoridades siguen mirando hacia otro lado”.
“Esta tragedia confirma lo desprotegidos que estamos frente a mafias y criminales que atacan impunemente a quienes solo buscamos llevar nuestra música al pueblo. ¿Hasta cuándo?”, culminó en su comunicado.
Mientras se desarrollan las investigaciones fiscales y policiales sobre el asesinato, la familia de Paul exige que de una vez se tomen acciones eficaces contra la criminalidad. Aunque han tenido una reacción tardía, las fuerzas políticas han escuchado el clamor y han coincidido en que la continuidad de Santiváñez, el ministro protegido de la presidenta Dina Boluarte, es insostenible.
El titular de Educación comentó a Punto Final que no se había discutido en las últimas horas un cambio del Ministro del Interior a pesar del desborde de violencia.
RENUNCIA O CENSURA
El Ministerio del Interior de Santiváñez, quien no dio la cara durante el día, emitió un intrascendente comunicado indicando que la Policía “viene trabajando arduamente en la zona” donde ocurrió el crimen, logrando detener organizaciones criminales en las últimas semanas. Añadió que un equipo especializado de la Dirincri realiza las pesquisas y se ha activado un plan para capturar a los responsables del atentado.
La indignación generalizada tocó al Congreso, que recién ahora, con la firma de Lady Camones (APP), ha logrado concretar la moción de Susel Paredes para censurar a Santiváñez y sacarlo del cargo.
El partido político Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, exigió la “renuncia inmediata” de Santiváñez porque no ha conseguido los “resultados esperados”. De lo contrario, anotaron, presentarán una moción de censura en su contra “en las próximas horas”.
Lo mismo pidió la bancada de Renovación Popular. En un pronunciamiento —replicado en redes sociales por el presidente de la agrupación, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga— exigió la renuncia de Santiváñez, el reemplazo del comandante general de la Policía, la declaratoria del estado de excepción, la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, y el retiro del Perú de la Corte-IDH.
En noviembre del año pasado, López Aliaga respaldó públicamente la gestión de Santiváñez y hasta se animó a decir que “este ministro sí nos defiende”.
Los congresistas Diego Bazán, Alejandro Muñante y Norma Yarrow también señalaron que Santiváñez debe renunciar y firmaron una moción para censurarlo. Yarrow, incluso, le dijo a Boluarte: “¿Qué buscas? ¿Cuántos peruanos tienen que morir? Tu terquedad de mantener a Santiváñez y no hacer nada es de terror”.
A contraparte de Lady Camones, su partido Alianza para el Progreso (APP), que preside César Acuña, no pidió la destitución del cuestionado ministro. Solo atinó a solicitar que se capture a los responsables.
De acuerdo con los últimos pronunciamientos de legisladores y bancadas, y por las firmas ya estampadas en las mociones de censura que se estaban por presentar hasta hace unos días, ya habría los 66 votos para su censura.
El congresista Edward Málaga confirmó que hoy, lunes 17 de marzo, empezará a buscar firmas para una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén. “La mayor responsabilidad está en él”, señaló.
Ante la ola de reclamos al Congreso, su presidente Eduardo Salhuana anunció que se llevará a cabo el segundo pleno temático en seguridad ciudadana. Dentro de las iniciativas por debatir está la que declara en emergencia la Policía.
Numerosas agrupaciones musicales y cantantes han expresado que se sienten desprotegidos. Algunos prefieren no denunciar y adoptan medidas de seguridad por su cuenta.
EXTORSIÓN CRECE
El exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló que en los últimos 3 años ha habido más de 50,000 denuncias por extorsión. Estas, dijo a Perú21, “hace rato debieran estar ingresadas en una gran base de datos para ser analizadas a través de inteligencia artificial y poder saber exactamente las modalidades”.
Además, dijo que hay “un sinnúmero de grupos empresariales que está siendo objeto de extorsión en estos momentos”, como las orquestas de música, los colegios, el transporte y las barberías, y que el Ministerio de Interior “aún no es capaz de diseñar una estrategia distinta” que sea efectiva.
“Es claro que las políticas públicas contra la extorsión no han funcionado”, culminó.
Durante la gestión de Santiváñez se han producido 1,818 homicidios, según datos oficiales del Sinadef (Sistema de Información de Defunciones). Es el mayor promedio diario de entre todas las gestiones del Ministerio del Interior durante el actual gobierno de Dina Boluarte, que registra 4,095 homicidios desde el 7 de diciembre de 2022, según explicó el analista de datos Juan Carbajal.
GREMIOS RECLAMAN
- La Confiep exigió a los poderes del Estado “dejar de lado sus diferencias y actuar de manera inmediata y coordinada para frenar esta ola de violencia”. También demandó “mayor articulación”. Jorge Zapata, su presidente, pidió que se convoque de inmediato al Consejo de Estado.
- La Cámara de Comercio de Lima exigió el cambio de ministro del Interior ante la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia y que el nuevo titular garantice seguridad y tranquilidad para los peruanos.
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