Bancadas se alinearon para aprobar retorno de profesores no calificados

¿Qué partidos alinearon su postura? ¿Y a cambio de qué?

Recordemos que la norma es un proyecto impulsado por la bancada de Bloque Magisterial (BM), y que en noviembre de 2023, agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Avanza País pedían que se reconsidere el retorno de los docentes sin evaluación a las escuelas.

Sin embargo, hace apenas unos días, la autógrafa de la ley contó con el respaldo de todos los parlamentarios de Fuerza Popular. Algo similar sucedió en Avanza País, pues sus tres votos a favor —de Diego Bazán, María Córdova y José Williams— sirvieron para aprobar la cuestionada norma. Esta votación contradice su postura del año pasado cuando exigían, con mayoría de votos, la reconsideración del dictamen.

De esta forma, una de las perjudiciales propuestas del golpista Pedro Castillo, que el Bloque Magisterial se empeñó en agendar, vio la luz. Y las supuestas bancadas democráticas le siguieron el juego.

Ahora el gobierno de Dina Boluarte, satisfecho con el voto de confianza, si chistar más ejecutará la nueva ley.

La norma, como era de esperar, no fue bien recibida por docentes en diversas regiones del país.

Zulma Surichaqui, decana del Colegio de Profesores de Junín, marcó la cancha. “No estamos de acuerdo con un nombramiento automático; el tema del nombramiento automático ya no se enmarca en la Carrera Pública Magisterial que defiende la meritocracia. Si ellos desean volver deben ser evaluados de manera equitativa como fueron evaluados nuestros maestros que han sido nombrados en este proceso”, señaló a este diario.

Recordó también que los docentes nombrados obtuvieron sus plazas luego de un riguroso proceso de selección que incluye una evaluación nacional, la clase demostrativa y la entrevista.

Similar temperamento manifestó el profesor Ángel Santillán, del colegio La Punta de la provincia de Pachitea, en La Unión, Huánuco.

“Hay gente que por años ha venido preparándose, porque sus méritos así lo conducen; sin embargo, esto es un atropello, estoy seguro de que mucha gente que ha participado en el concurso está muy molesta porque esto en realidad afecta la meritocracia y le quita la plaza a docentes, a los que están preparados. No tiene nombre lo que ha hecho el Congreso y esto tendrá consecuencia en los estudiantes”, dijo a Perú21.

Por su parte, el docente Luis Vásquez, decano del Colegio de Profesores de Cajamarca, sostuvo que se debe respetar la meritocracia.

“Hay una norma que establece la meritocracia, y al estar en un país democrático debemos hacer caso a esa norma. Si es verdad que el Congreso está haciendo cosas indebidas, es el pueblo el que lo verá. Realmente hay maestros que fueron cesados, algunos porque no estudiaron o no tenían título, si vemos son pocos, muchos ya cumplieron los 65 años y no creo que quieran regresar”, anotó.

Finalmente, Boris León, secretario general del gremio de docentes de la región Lima, avaló la norma del Legislativo.

“En 2014 se cesó algo de 14 mil maestros, muchos no tenían título pedagógico, de los cuales 2,500 vienen trabajando en estos momentos, no son 14 mil como se dice. Ellos están en calidad de contratados y anualmente vienen siendo evaluados, son más evaluados que los que tienen nombramiento. Son maestros que si quieren agarrar un contrato deben ser evaluados. No se afecta la meritocracia”, puntualizó.

Como es de costumbre, las bancadas interpusieron —una vez más— sus intereses políticos ante las necesidades del país al que representan.

- Los congresistas que se opusieron a la norma fueron Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Flor Pablo, Norma Yarrow, Diana Gonzales y Carlos Anderson.

- El presidente de la Comisión de Educación, José Balcázar, dijo ante el Pleno que no encuentra el motivo por el que esta norma sea inconstitucional

- En noviembre de 2023, el Congreso votó por segunda vez a favor de la norma. "

“Lo peor de todo es que esta norma afecta a los niños más vulnerables porque las escuelas privadas tienen docentes que están necesariamente certificados, que cuentan con sus títulos pedagógicos. Pero los niños que dependen de una educación que está directamente ligada a la calidad y a la capacidad educativa de los maestros son quienes se van a encontrar con estos maestros que no han aprobado los exámenes, que no tienen un título válido, que ni siquiera se han presentado a dar los exámenes.

Me imagino que esto va a suscitar una frustración enorme en aquellos profesores verdaderamente comprometidos que hacen un esfuerzo tan grande para estar donde están y para mantenerse permanentemente capacitados para preparar a sus niños, y que ahora se enfrentan a este otro grupo que no quiere recibir capacitación (...) y que no tiene nada que dejarles a los alumnos. No quisiera opinar tocando el ámbito político, pero es inevitable hacerlo. ¿Qué pasó por la cabeza de esos 92 congresistas? Si se dieran cuenta del daño que le están haciendo a los estudiantes no hubiera pasado que 92 congresistas aprobaran la insistencia y solo seis se opusieran.

Es preocupante y es doloroso que no se pongan a pensar en las consecuencias de esto, y me atrevería a decir que detrás hay algún arreglo partidario porque ¿qué hacen las personas de todos los partidos políticos votando a favor de que se reintegren estos profesores? ¿Qué cosa van a enseñarles a sus alumnos? Creo que acá es donde invitamos a los padres de familia a defender el derecho de sus hijos a acceder a una educación de calidad, porque qué les espera cuando terminen el colegio con ese nivel de educación. ¿Cómo enfrentar esto? Lo único que nos queda es ir al Tribunal Constitucional, no hay nada más que hacer”.

“Existe una enorme preocupación acerca de esta norma porque hemos ido construyendo una política pública que está orientada hacia la meritocracia y pone al centro a los estudiantes para darles la mejor educación posible; en ese sentido, que el Congreso haya aprobado esta norma no favorece esa idea de poder tener mejores profesores dentro de las escuelas.

El grupo de maestros al que correspondería esta norma fue retirado aproximadamente en 2014 porque ya se iba implementando la Carrera Pública Magisterial y se exigía a todos los profesores que ejercían la carrera tener el título pedagógico, sea de un instituto superior o de una universidad. Estos maestros no lograron obtener esos títulos y, por lo tanto, a lo largo del tiempo, porque ya han pasado nueve años, no han logrado incorporarse a la carrera. Ahora, esta norma premia a los que no se adaptaron a esas necesidades.

(...) Desde fuera se ve que hay una concertación, hay un intercambio de dádivas entre estos partidos (que la aprobaron), pues al final no favorecen a tener una educación orientada a tener esos exámenes que validan la incorporación de los profesores. A través de esta ley se abre pie a que si algún grupo de maestros incumple determinada normativa para mejorar la calidad educativa, al final se va a acoger a este tipo de leyes. Por lo tanto, lo único que vemos es que no hay realmente un interés por la educación, sino más bien intereses partidarios.

Claro que el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional, pero bajo las circunstancias políticas que vivimos yo dudo que vaya a suceder eso, y de lo que debemos preocuparnos más es en la implementación de cómo va a ser esta evaluación excepcional a esos profesores de tal manera que garantice la idoneidad de aquellos que van a ingresar a la carrera pública”.

“Esta es una historia que empieza en el primer gobierno de Alan García cuando por ausencia de docentes se le abren las puertas a maestros interinos, muchos de los cuales no tenían título o no habían estudiado ni siquiera pedagogía sino otras carreras. Y durante muchos años se les dieron oportunidades de regularizar su situación y así estuvieron mucho tiempo hasta que sale la reforma con la Ley de la Carrera Pública Magisterial...

Hoy creo que no podemos aislarnos del contexto actual. Hay cosas que se han negociado en estos días con relación a la crisis política y una de las que le hace más daño a la calidad de la educación es que normalicemos que la Carrera Pública Magisterial, que involucra a 400 mil maestros, es una cuestión que puede jugarse en el terreno político. La aprobación o no aprobación de la calidad docente es algo que debe ser manejado por el ente rector que es el Ministerio de Educación, entonces, existe una duda sobre la constitucionalidad de la norma en términos de que el Poder Legislativo no puede tener iniciativa de gasto y aunque no lo queramos admitir, la incorporación automática de dos mil docentes, cuatro mil, o los que sea, es una iniciativa de gasto porque hay que pagarle a esas personas.

Lo otro es que se trata de una decisión técnica, no debería ser una decisión política; si el avance en la Carrera Pública Magisterial se convierte en un tema político vamos a regresar a antiguas prácticas de clientelismo. El daño más grande que hace esta ley es el mensaje que se le da a los 70 mil docentes que ya se incorporaron a la carrera pública y a los docentes interinos que se esforzaron, rindieron la evaluación, se esforzaron y aprobaron. El mensaje es de Pepe el vivo, es: ‘negociemos políticamente, negociemos como grupo, y eso va a traernos beneficios sin importar la calidad de educación que reciban los estudiantes’”.

“Los llamados maestros interinos son aquellos que antes de la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, en 2012, habían prestado servicios en las escuelas públicas sin tener título pedagógico por la falta de docentes. Con esa norma se estableció que el profesor es un profesional de la educación con competencias para ofrecer sus servicios en el ámbito público; se fijaron, además, todos los criterios para estructurar la Carrera Pública Magisterial por escalas (…); todo el criterio era meritocrático, miles de maestros se sometieron a ella y demostraron su capacidad. Esa misma ley le otorgó a los maestros interinos dos años adicionales para que pudieran obtener su título, con la clara advertencia de que, de no hacerlo, serían retirados del servicio magisterial público, como ocurrió en 2014.

La nefasta ley aprobada con 92 votos a favor y solo 6 en contra, es un misil que afecta directamente la meritocracia. Mientras miles de docentes se preparan y aprueban meritoriamente la evaluación de ingreso a la carrera pública o a sus procesos de ascenso, un grupo de congresistas afecta el respeto a la legalidad y le otorga a miles de docentes que hace más de 10 años no pudieron cumplir la ley, una puerta falsa para que lo hagan. No solo se afecta el respeto al principio de legalidad y orden jurídico, sino que, además, se le envía un mensaje nefasto a la ciudadanía: que no es necesario cumplir con la ley y esforzarse para alcanzar, a través de los méritos personales, posiciones en el Estado, que siempre habrá una puerta falsa que la demagogia abrirá para incumplir las normas previas y de obligatorio cumplimiento para otros. Estos profesores que regresarían por acción de esta ley no tienen legitimidad para ocupar cargos de esa manera. Lamento mucho que 92 congresistas decidan negociar políticamente sus votos en contra de la meritocracia en la alicaída educación pública de nuestro país”