Esto significa que no se haya aprobado la bicameralidad

Históricamente, en el Perú siempre existieron dos cámaras en el Parlamento, una de senadores y otra de diputados. Eso cambió en 1993, durante el régimen de Alberto Fujimori, cuando la Asamblea Constituyente de entonces acordó proponer una cámara única, reduciendo así el número de legisladores. En ese entonces había 120 congresistas y aumentaron a 130, número que se mantiene hasta ahora.

Los defensores del sistema bicameral sostienen que este ayuda a la aprobación de mejores leyes, ya que, en buena cuenta, la cámara alta, o de senadores, revisa lo actuado por la cámara baja, o de diputados. Con ello, se logra mayor control político. Por otra parte, refieren que mejoraría la representación del extenso y plural territorio peruano.

Desde la otra vereda, quienes están en contra de las dos cámaras indican que estas traerían complejidad y lentitud en la dación de normas. Los procedimientos serían engorrosos y menos expeditivos.

Además, indican que al tener dos cámaras habrá más congresistas y, por tanto, aumentarán los gastos. En la mayoría de países bicamerales, sin embargo, hay mucho más legisladores de los que habría en Perú de aprobarse la reforma este domingo.

En Brasil hay 513 diputados y 81 senadores, para una población estimada de más de 207 millones de habitantes. En Argentina existen 257 diputados y 72 senadores, los cuales representan a casi 44 millones de personas. En Colombia, los diputados son 166 y los senadores 102, y hay casi 49 millones de colombianos. En Bolivia son 130 diputados y 36 senadores, y cuentan con casi 11 millones de habitantes. En Chile, los diputados llegan a ser 120 y los senadores 38, y existen casi 18 millones de chilenos. Finalmente, en Paraguay son 80 diputados y 45 senadores, pero tienen una población de apenas 6.75 millones.

La propuesta peruana es de 130 diputados y 50 senadores, los cuales deben representar a 31 millones de connacionales.

CASOS EXPRÉS

Lo cierto es que en el presente Congreso hemos visto cómo se han realizado procedimientos calificados como exprés por no contar con mayor debate en comisiones ni en otras instancias antes de su aprobación y posterior envío al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Un ejemplo de ello es la ‘Ley Mordaza’, impulsada por el congresista aprista Mauricio Mulder y que proponía prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Esta norma se aprobó sin debate en comisiones y, tras la observación del presidente Martín Vizcarra, fue promulgada por el Parlamento a insistencia. Meses después, fue derogada por el Tribunal Constitucional (TC) al acoger una denuncia de inconstitucionalidad.

Otro caso es el del primer intento de vacancia del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La comisión Lava Jato del Congreso reveló documentos remitidos por la empresa Odebrecht, en los cuales daban cuenta de que PPK, a través de sus empresas First Capital y Westfield Capital, había recibido dinero de ellos. El proceso de vacancia por incapacidad moral se tramitó con suma celeridad, pero no fue aprobado por el Parlamento gracias a una presunta compra de votos que está en investigación.

El caso más reciente de aprobación exprés de una norma es la denominada ‘Ley Fujimori’, presentada por la legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma menos de una semana después de que el Poder Judicial anulara el indulto humanitario concedido en la última Navidad por el entonces presidente Kuczynski a Alberto Fujimori. Fue presentada el 9 de octubre y aprobada por el Pleno dos días después. Actualmente, está en revisión por el Legislativo, luego de que el presidente Vizcarra la observara.

La última ‘joyita’ legislativa fue la aprobación de una ley con el directo propósito de salvar a los partidos y a sus dirigentes que vienen siendo investigados por lavado de activos.

Hay quienes piensan que la crisis en la que se encuentra el Congreso, por la aprobación de leyes poco estudiadas y en muchos casos con nombre propio, es producto del sistema unicameral.

El presidente Vizcarra, quien planteó el retorno a la bicameralidad en el Congreso, luego pasó a oponerse y dijo que se debía votar por el No a esta consulta. Su cambio de postura se debió a que el Parlamento modificó su propuesta inicial y añadió unos candados que afectarían las prerrogativas que hoy posee respecto a la cuestión de confianza y la posterior facultad de cerrar el Congreso.

El 6 de noviembre, el TC declaró inconstitucional estas modificaciones, aplicadas mediante una resolución legislativa, al artículo 86 del Reglamento del Congreso. Pero no dijo nada sobre quitar los cambios de la pregunta en el referéndum.

El proyecto del Gobierno contemplaba obligar a los parlamentarios a que declaren sus intereses y patrimonios en forma pública. Sin embargo, el párrafo fue retirado por el Congreso.