Boluarte y Perú Libre se tiran la pelota por aportes de campaña del 2021

En una carta remitida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del 5 de abril último, la jefa de Estado –respaldándose en la Ley del Financiamiento de Partidos Políticos– sostuvo que “solo las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada cuando se trata de campañas presidenciales”. Y agregó, parafraseando la norma, que “solo de manera excepcional” este financiamiento puede ser recibido por los candidatos “cuando se trata de elecciones congresales, regionales, locales y del Parlamento Andino”, hecho que –arguyó– “no se verifica” en su caso, toda vez que ella fue candidata a la vicepresidencia de la República y, adicionalmente, su candidatura al Congreso fue declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En sus descargos, la jefa de Estado, asimismo, señaló que de acuerdo al artículo 30 de la misma ley, los candidatos de la fórmula presidencial (presidente y vicepresidentes) no están considerados como los responsables de reportar el financiamiento y los gastos de campaña, por lo que se exime de haber hecho declaración alguna. Líneas más abajo precisó que nunca recibió aportes de campaña de persona natural o jurídica, tratando de desvirtuar lo dicho por el exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, quien denunció que financió parte de su campaña a través del pago de pasajes de avión y estadías en hoteles en 2021.

“La responsabilidad de veracidad y control” de los aportes corresponde a Perú Libre, añadió Boluarte, y agregó que si su número de DNI aparece en algunos pagos realizados al JNE, como asegura la denunciante Maritza Sánchez, estos fueron hechos sin su consentimiento.

Otra, empero, es la versión de Perú Libre, que el 31 de marzo le respondió a la ONPE que el partido cumplió con informar a esa entidad, dentro de los plazos establecidos, sobre los aportes de campaña, y subrayó que si el apoyo económico a Boluarte de parte de Shimabukuro no fue declarado, es porque ninguno de ellos informó sobre dichas contribuciones.

Los expertos electorales Jorge Jáuregui y José Manuel Villalobos corroboraron a Perú21 que la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos obliga a que sea el partido político el que informe, a través de su tesorero, de los aportes de campaña, con lo cual blinda a los candidatos de cualquier responsabilidad. Sin embargo, Jáuregui dijo que si la ONPE encuentra aportes ilícitos, como pagos no reportados o no bancarizados, informará a la Fiscalía del hecho porque, en ese caso, se habría incurrido en el delito de financiamiento ilegal y esa, obviamente, ya será otra historia.

-El experto electoral Jorge Jáuregui dijo que si la ONPE encuentra aportes no reportados solo sancionará administrativamente a Perú Libre con el pago de entre 31 y 100 UIT, y la pérdida del financiamiento público.

-El caso podría llegar a la Fiscalía si se comprueba que hubo aportes no declarados o no bancarizados; los involucrados serían investigados por financiamiento ilegal cuya pena es de hasta 8 años de prisión.