La singular propuesta presentada por la congresista de Podemos, Heidy Juárez que busca que los medicamentos vendidos sin receta médica puedan ser adquiridos en cualquier establecimiento, incluso en mercados y bodegas no tardó en ser rechazada por el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Aníbal Díaz Robles, quien calificó de “lobby netamente económico”, este proyecto, revelado por Perú21.
“Lo que yo veo son intereses comerciales. Acá está primando lo comercial sobre la salud de las personas, acá no me importa la gente ni cómo viva, está importando cómo cuidar mi bolsillo mejorar mi economía. Es un lobby netamente económico. No tiene otra razón de ser” señaló Díaz.
Proyecto de ley, presentado por la congresista Heidy Juárez, busca que las tiendas de abarrotes y los puestos de mercado puedan ofrecer fármacos de venta sin receta médica, pese a que estos establecimientos no cumplen condiciones básicas de almacenamiento.
El decano resaltó que en ningún país del mundo ocurre esta pretendida práctica planteada por Juárez, que atenta contra la salud pública.
“En todos los países del mundo los medicamentos se venden detrás de un mostrador donde atiende un profesional que es el responsable de darlo con todas las garantías de seguridad”, explicó el decano, advirtiendo los riesgos que una práctica irresponsable podría generar. “Tiene que ser manejado por profesionales”, enfatizó.
El texto presentado por la legisladora de la bancada que lidera José Luna Gálvez intenta exonerar de la autorización sanitaria para vender productos farmacéuticos de venta libre a “los inmuebles, partes del mismo o cualquier instalación en la que se desarrollen actividades económicas”. Es decir, todo establecimiento comercial estaría habilitado para vender estos productos.
Juárez ha defendido su proyecto y en diálogo con Perú21 indicó que no ve problemas en que las tiendas o los puestos del mercado puedan ofrecer medicamentos, ya que considera que “es como vender una pasta dental o un plátano de seda”.
Si bien reconoció que su proyecto podría abrir la puerta a la venta informal de fármacos y a su contrabando, consideró que, al haber empresas formales dedicadas a distribuirlos, no habría mayor problema, ya que estas podrían ser las proveedoras de los nuevos puntos de venta. Incluso indicó que las municipalidades deberían ser las encargadas de fiscalizar las tiendas o puestos que vendan los medicamentos, y planteó que los vendedores sean capacitados.
La propuesta fue presentada el 20 de febrero por la parlamentaria, investigada por el caso Mochasueldos, y deberá ser debatida y dictaminada en la Comisión de Salud del Congreso, que dirige su colega de bancada Luis Picón Quedo.
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