La Fiscalía formalizó una acusación penal contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por su presunta participación en un esquema de colusión durante el desarrollo del tramo 4 del Corredor Vial Interoceánica Sur, obra que conecta el sur del país con Brasil.
El Ministerio Público solicitó penas de hasta 11 años de prisión efectiva para los implicados, tras identificar presuntas irregularidades en la etapa de licitación y ejecución del proyecto.
También está incluido José Ortiz al que se le atribuye la presunta comisión del delito de colusión.
El requerimiento fue presentado por la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ante el Poder Judicial. En el documento se señala a José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad, junto con otros investigados, por presuntamente favorecer a consorcios interesados en obtener la adjudicación del megaproyecto.
Según la acusación, las decisiones adoptadas por los exfuncionarios habrían vulnerado disposiciones de la normativa de contratación pública.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se habrían producido durante el segundo gobierno aprista, periodo en el que los acusados ocuparon cargos vinculados a procesos de contratación del sector Transportes.
El expediente refiere que las autorizaciones, supervisiones y validaciones del avance de obra se habrían realizado sin cumplir requisitos establecidos, lo que —según el Ministerio Público— habría generado ventajas indebidas para determinadas empresas y afectación a recursos estatales.
El caso “Dedo de Dios” integra los expedientes impulsados por el Equipo Especial Lava Jato en el marco de las investigaciones sobre presunta corrupción en megaproyectos públicos.
Según la Fiscalía, esta acusación es la número 30 presentada ante los tribunales por dicha unidad.
El tramo 4 de la Interoceánica Sur figura en diversas investigaciones fiscales por presuntos sobrecostos, pagos no sustentados y posibles acuerdos entre funcionarios y representantes de empresas constructoras.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían articulado mecanismos para favorecer a determinados consorcios durante la fase de licitación y en la ejecución del proyecto, lo que —según el expediente— habría generado un perjuicio económico para el Estado.
IMPEDIMENTO DE SALIDA
Como se recuerda, en 2019 el Poder Judicial ordenó que nueve exfuncionarios vinculados al proyecto desarrollado en el cerro conocido como “Dedo de Dios”, ubicado en el tramo 4 de la Interoceánica Sur, permanezcan en el país por un periodo de 12 meses mientras avanzaban las investigaciones fiscales. La medida fue dictada en el marco del proceso que examinaba presuntas irregularidades en la voladura y movimiento de tierras ejecutados en esa zona.
En ese periodo, el Ministerio Público había iniciado una pericia contable relacionada con pagos efectuados durante el segundo gobierno aprista y que involucraban al consorcio Intersur Concesiones S.A., conformado por Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y Camargo y Correa. La investigación también alcanzaba al Consorcio Supervisor Interoceánica Sur, así como a funcionarios de OSITRAN y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De acuerdo con fuentes fiscales citadas en ese momento, el caso estaba asociado a un presunto cobro indebido por un mayor volumen de metrados aprobado a favor del consorcio concesionario entre 2007 y 2010. La Fiscalía atribuía el perjuicio económico al Estado a pagos asociados a valorizaciones con metrados sobredimensionados registrados en un tramo específico de la obra.
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