La fiscal Geovana Mori presentó al Poder Judicial la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y pide al Poder Judicial que dicte 35 años de cárcel para ambos por la adjudicación irregular del megaproyecto Gasoducto del Sur en favor de la empresa Odebrecht.
Mauro Vieira dijo que la protección política de la exprimera dama de Perú respondió a un "rito protocolar".
La imputación recae en total sobre 19 personas, entre los que figuran el exministro de Economía, Luis Miguel Castillo; el extitular de Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez; y los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga.
Para Paredes se requiere 35 años de prisión, mientras que para el resto de altos funcionarios se solicita 29 años.
La tesis fiscal es que durante el gobierno humalista (2011-2016), la constructora brasileña coordinó la adjudicación de la obra, valorizada en US$7 mil millones, a través de su entonces superintendente, Jorge Barata, con Heredia y el propio mandatario.
La expareja presidencial, de acuerdo a la fiscal Mori, se habría sentido comprometida a colaborar con la compañía por los US$3 millones que esta abonó a su campaña presidencial del 2011.
En 2019, Barata confesó las coordinaciones con los Humala. Incluso detalló que preferían la comunicación con Heredia porque para el exmandatario era casi imposible comprender los procesos de licitación.
No obstante, como reveló Perú21, Barata cambió esa afirmación en junio de 2023. Sucedió durante un interrogatorio que le realizó la fiscal Geovana Mori en Sao Paulo. De pronto, el exejecutivo se desentendió de lo que declaró cuatro años antes y ahora ha perdido los privilegios de colaborador eficaz.
Esa es una de las razones por las que el exdirectivo es uno de los acusados en este proceso, donde la Fiscalía pide 9 años de cárcel en su contra por el delito de colusión.
Los Humala ya fueron sentenciados a 15 años de prisión en otro caso, por los aportes de campaña que recibieron de Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas presidenciales.
El exjefe de Estado cumple condena en el penal de Barbadillo, pero su cónyuge pidió asilo al gobierno de Brasil y consiguió la protección política. Heredia vive actualmente en Sao Paulo.
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