Caso Gasoducto: Nadine Heredia y otros podrían pagar más de mil millones de dólares en reparación civil

Fecha Actualización

01/04/2021 - 12:49

La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato ya dio los primeros pasos para cobrar la indemnización en el caso Gasoducto del Sur. La procuradora Silvana Carrión requirió al Poder Judicial constituirse como actor civil para cobrar, al finalizar el proceso penal, la cifra astronómica de un mil 107 millones 147 mil 313 dólares.

El pedido iba a ser formalizado ayer en audiencia, pero el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena tuvo que suspender la diligencia porque Jesús Fernández Saldaña, un exdirectivo de la empresa Enagás, no había sido notificado debidamente en su domicilio de España. El monto fue confirmado por fuentes judiciales a Perú21.

En este proceso son investigados la exprimera dama Nadine Heredia y los exministros como Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga. Aunque también está comprometido el exmandatario Ollanta Humala, hoy candidato presidencial.

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La investigación de la fiscal Geovana Mori señala que Humala, siendo presidente de la República (2011-2014), delegó a su esposa hacer las gestiones ilícitas para favorecer a Odebrecht con la adjudicación de la megaobra que demandaría US$7 mil millones.

Según la hipótesis, Heredia se reunió con representantes de Odebrecht para coordinar los términos de la concesión del megaproyecto que está paralizado desde el 2017. Por esto el Ministerio Público le imputa a la cónyuge de Humala haber sido “funcionaria de facto”.

En julio de 2019, Mori incorporó como investigada a la española Enagás, que integraba el consorcio con la compañía brasileña. Aquella vez, la compañía informó a este diario que no tenía conocimiento de algún acto de corrupción en torno al proceso de licitación.

Esta indagación es diferente a la que está a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. Abia solo acusa a dos personas de haberse concertado para beneficiar a Odebrecht con la licitación: el exmiembro del comité de energía de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y a la exrepresentante legal de Odebrecht, Claudia Hokama. A ambos les imputa el delito de colusión agravada.

La Procuraduría pide en este caso 1,480 millones de soles como indemnización.

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